CARTAGENA (EP). La Delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha confirmado que la patera que llegó este miércoles a Cala del Barco en Cartagena llevaba a bordo a 62 inmigrantes al parecer de nacionalidad argelina. En concreto, 45 varones mayores de edad, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones.
La Guardia Civil activó un operativo que localizó a todos sus ocupantes que se encontraban en buen estado de salud y que fueron atendidos por Cruz Roja y, posteriormente, puestos a disposición de la Policía Nacional.
Los migrantes, en aplicación del protocolo, están siendo atendidos por las administraciones públicas y las ONG, y se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes, han afirmado.
López Miras: "No entendemos cómo llega una embarcación así sin ser interceptada"
Por otra parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, considera que la llegada de la patera a Cala del Barco fue "algo organizado" ya que se trataba de una lancha con cuatro motores de casi mil caballos, "no un cayuco de madera", de la que desembarcaron los migrantes y se marchó. "No entendemos cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones a nuestras costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control, no entendemos dónde están los efectivos del Ministerio", afirmó en una entrevista realizada este jueves en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press.
Asimismo, el presidente regional se ha mostrado indignado por las imágenes que se difundieron este miércoles a través de redes sociales en las que los bañistas decidían marcharse de la playa ante la llegada de la embarcación y el desembarco de los migrantes "por miedo e inseguridad". López Miras sostiene que el Ejecutivo autonómico no ha sido informado por parte de la Delegación del Gobierno de lo ocurrido y que los únicos datos que tiene son por parte de la ONG responsable del acogimiento de menores que les ha comunicado que la Región de Murcia deberá tutelar a 16 niños, pero sin precisar si proceden o no de esta embarcación.
En este sentido, ha afirmado que "no hay ningún tipo de información, colaboración o coordinación" con el Gobierno regional por parte de la Administración central y ha explicado que solo son informados de los menores que llegan, 492 en lo que va de año, y 132 en julio, pero no sobre los adultos. "No sabemos ni dónde están ni qué es lo que se hace con ellos", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que esto genera "inseguridad y situaciones como las que vimos ayer".
La alcaldesa pide más vigilancia
El mismo día que se conoció la noticia, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reclamado al Gobierno de España que intensifique la vigilancia y el control de las costas de Cartagena al tiempo que ha reivindicado más medios humanos y tecnológicos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan detectar estas embarcaciones antes de que alcancen tierra.
La llegada de la embarcación fue presenciada por bañistas y turistas que se encontraban en la zona y que captaron con sus teléfonos móviles tanto su llegada hasta la misma playa como el desembarco de una decena de personas y la posterior huida de la patera. “Esto no puede normalizarse. No podemos aceptar que las mafias que trafican con personas tengan tanta facilidad para llegar hasta nuestras costas”, opinaba Arroyo, que defiende una política migratoria “seria, ordenada y segura”.
Para la alcaldesa, las imágenes no dejan lugar a dudas y resulta especialmente preocupante que la embarcación haya podido alcanzar precisamente Cala del Barco, “un punto muy concreto de nuestra costa y bastante cerrado”. “Si una patera puede llegar hasta una cala como esta, desembarcar a plena vista de ciudadanos y después marcharse, tenemos que preguntarnos cómo está funcionando el control de nuestras fronteras marítimas”, afirmaba
Arroyo adujo que Cartagena “lleva tiempo denunciando que está pagando las consecuencias de la ausencia de una política migratoria seria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”, pues sigue siendo el único municipio de España que “recibe inmigrantes por la costa y los que nos deriva el Gobierno de España hasta el Hospital Naval, a un campamento que se presentó como temporal y que continúa funcionando”.
La primera edil exige al Gobierno que ejerza sus competencias y "no deje solos" a los municipios y las comunidades ante las consecuencias de la inmigración irregular, por lo que reclama “una política migratoria nacional, con control de fronteras, medios suficientes y coordinación con los países de origen y tránsito, y con los organismos europeos encargados de la vigilancia de las fronteras”.
“Cartagena es una ciudad solidaria y abierta, y, a la vez, también necesita que sus costas estén protegidas y que los cartageneros tengan la seguridad de que existe un control efectivo de nuestras fronteras. Lo que hemos visto hoy, como lo que estamos viendo y viviendo en Ceuta, demuestra que algo está fallando y que el Gobierno tiene que actuar”, concluía
