El Ministerio de Trabajo y Economía Social se encontró con puja desierta y sin pretendientes para uno de los inmuebles más singulares de la plaza de España de Cartagena: el edificio de oficinas situado en el número 12, propiedad de la Administración General del Estado y procedente del antiguo patrimonio sindical acumulado.

El inmueble, libre de cargas y con uso terciario, cuenta con una planta bajo rasante y ocho plantas sobre rasante y ha sido tasado en 6.848.799,70 euros, importe que se fija como tipo mínimo de licitación.

Este gran edificio de estilo sobrio y de líneas cercanas a la arquitectura de la Unión Soviética fue ocupado hasta hace unos meses por Hostecar, UGT y la Confederación de Empresarios de Cartagena y Comarca. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo apremió a las entidades a abandonar el inmueble por graves problemas estructurales. Las tres instituciones fueron informadas a finales de 2023 de la necesidad de desalojar el edificio debido a su deterioro y la falta de condiciones de seguridad para prestar servicios en él.

Tal y como explicaba La Verdad a comienzos de este año, en el primer informe emitido por Trabajo se detallaban las causas del desalojo, entre ellas la presencia de humedades, una eficiencia energética insuficiente, mala accesibilidad, un pararrayos roto y un tanque de gasóleo con problemas.

La resolución acordó la enajenación del edificio al considerar inviable su utilización por parte de los agentes sociales, conforme a lo previsto en la Ley 4/1986 de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. A partir de ese acuerdo, se redactó un pliego de condiciones que regulaba una subasta administrativa general al alza y en formato electrónico, a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

El proceso se desarrolló durante 20 días naturales, con un depósito previo de 342.439,99 euros para poder pujar. El Estado sacaba así al mercado un activo de gran tamaño en una de las principales plazas de la ciudad, en un contexto de reordenación del patrimonio público y de interés inversor por edificios bien ubicados, susceptibles de nuevos usos.

Al concluir la subasta sin una sola puja, el edificio de plaza de España 12 quedó oficialmente desierto y sigue siendo propiedad íntegra de la Administración General del Estado, sin cambio de titularidad. Ahora, el Ministerio de Trabajo y Economía Social deberá decidir si convoca una nueva subasta, si opta por otra vía de enajenación prevista en la Ley de Patrimonio, o si mantiene el inmueble en su patrimonio a la espera de un mejor contexto de mercado.