El gerente de la sociedad municipal Casco Antiguo y funcionarios del área de Urbanismo y Medio Ambiente exponen hoy ante los consejeros de la sociedad un informe técnico en el que explican que el procedimiento de adquisición y los proyectos de descontaminación de la UA1 de Los Mateos se han hecho de acuerdo a la ley, no ha habido sobrecostes significativos respecto de las estimaciones iniciales para la descontaminación y que el precio de compra por el que se adquirió hace dos años responde a tasaciones oficiales y es inferior al último precio de compraventa que se realizó en la misma unidad de actuación.
El informe, que fue solicitado por la alcaldesa, Noelia Arroyo, a la sociedad municipal, argumenta jurídicamente que en los dos años en los que esa propiedad es municipal no se ha producido la inactividad en que se basa la denuncia presentada por el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación.
Los terrenos fueron ofrecidos al Ayuntamiento en 2022 cuando el consistorio buscaba dónde construir vivienda social con una subvención europea. Los técnicos valoraron su idoneidad porque el suelo tenía ya licencia de construcción concedida para 40 viviendas. La sociedad aprobó la compra en junio de 2023 por un valor 269,38 €/m²; cuando en 2008 el Ayuntamiento había vendido su 10% del aprovechamiento urbanístico por 414,66 €/m² en la misma unidad.
La compra se estableció en 437.279 euros más IVA, ya descontados 200.000 euros en que se estimaron los costes de descontaminación mediante informe del área de Infraestructuras.
En cuanto a los costes, la primera estimación de 2023 cifró la descontaminación en unos 200.000 euros. Aunque proyecto técnico aprobado en 2025 eleva el presupuesto base de licitación a 535.273 euros, el informe establece que las partidas exclusivamente a la descontaminación se sitúan en 243.500 euros. La diferencia con la estimación inicial se debe a la evolución de precios y a la inclusión de medidas conservadoras, como la de reforzar la supervisión ambiental del procedimiento.
El informe recuerda que a partir de la compra, se sucedieron distintas actuaciones técnicas y administrativas. Se encargaron estudios de caracterización a la UPCT, análisis de riesgos a la consultora Hera, una investigación sobre mercurio a SGS y una caracterización radiológica a NORM Technology, además de trabajos de tomografía eléctrica y sondeos mecánicos para precisar volúmenes de residuos. Estos informes constataron la presencia de metales pesados, atribuidos a antiguos vertidos industriales, y delimitaron las zonas afectadas. Con esos datos se redactó en 2024 un proyecto de retirada de residuos, aprobado por la Dirección General de Medio Ambiente en abril de 2025. Paralelamente se tomaron medidas preventivas como el vallado de la parcela en varias ocasiones, tras sucesivos robos del cerramiento.
El Consejo de Administración de la sociedad municipal aprobó la convocatoria de obras divididas en tres lotes: descontaminación, urbanización y construcción de 40 viviendas sociales. La licitación quedó desierta en junio pasado, lo que obligó a aplazar la construcción y a renunciar a la subvención Next Generation concedida para edificación. Si embargo, la decisión municipal ha sido mantener la ejecución de la descontaminación del solar.
En definitiva, el informe refleja que desde la adquisición no ha habido inacción, sino una tramitación constante de estudios, informes y proyectos; que el precio de compra se ajustó a valoraciones oficiales y fue inferior al valor pagado en su día por el aprovechamiento; y que los costes estrictamente vinculados a la descontaminación se han mantenido en el entorno previsto.
MC coloca a Arroyo en el punto de mira
El portavoz de MC Cartagena y consejero de la sociedad municipal Casco Antiguo, Jesús Giménez Gallo, ha denunciado hoy que las explicaciones dadas en el consejo de la entidad sobre la compra del solar de Los Mateos no hacen sino agrandar las sospechas sobre la operación. “Con lo que nos han contado hoy aumentan las dudas”, sostiene, señalando que “en junio de 2023 ya existía un informe de la consultora Hera que cifraba la descontaminación en más del doble de lo que se nos presentó cuando aprobaron la compra”. “Ese informe se ocultó y se nos llevó a votar a ciegas, con nuestro voto en contra”, recuerda Giménez Gallo.
No es el único informe que se ha ocultado, ya que en el mismo consejo de administración el líder cartagenerista ha reclamado los doce informes que se afirma que existen sobre este asunto y que no se habían llevado a la reunión, obligando al Gobierno a mostrarlos pese a su reticencia inicial.
El portavoz de MC señala como responsables directos de todo este entramado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que avaló políticamente la operación y de la que no se ha aclarado si tenía o no toda la información acerca del asunto; y a Esperanza Nieto, entonces concejal de Hacienda y hoy gerente del Consorcio de La Manga, que dio cobertura financiera a la compra.
También subraya que la gestión urbanística previa se realizó bajo la anterior concejalía competente, y aun así Diego Ortega y Pablo Braquehais han continuado avalando la operación y votándola a favor. Ahora, además, “el concejal de Vox en el Consejo de Administración avala todo y confirma su papel de monaguillo”, recalca el líder de MC.
“Podríamos estar ante un caso de malversación y de administración desleal, porque se gestionaron fondos europeos y municipales ocultando información esencial y con un perjuicio que consideramos evidente para Cartagena”, denuncia Giménez Gallo. “Exigimos responsabilidades políticas inmediatas”, reclama.
Un engaño deliberado
El portavoz subraya que el caso no es un error de gestión, sino “un engaño deliberado a los consejeros y a los cartageneros” y concluye destacando que “Arroyo se ha escondido y no ha venido a dar la cara. PP y Vox deben dejar de taparla y apoyar una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos”. “De lo contrario abrirán otras vías”, sentencia.
Finalmente, Giménez Gallo avanza que ha solicitado que en la próxima reunión del consejo de administración de Casco Antiguo se informe del precio de los informes sobre la descontaminación de los terrenos, que sigue aún sin facilitarse.