Un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha determinado que las ayudas a la jubilación anticipada establecidas por el Ayuntamiento de Cartagena, y externalizadas a través de un seguro colectivo contratado con Mapfre Vida, carecen de cobertura legal, al ser consideradas incentivos de carácter retributivo no amparados por la normativa vigente sobre función pública local. El Ayuntamiento se enfrenta, de esta manera, a la anulación de las ayudas a la jubilación anticipada que venía aplicando desde 2019, al considerarse que carecen de cobertura legal.

El informe jurídico considera que las ayudas establecidas por el consistorio constituyen incentivos retributivos sin respaldo normativo dentro del marco legal que regula la función pública local. Esta valoración ha sido corroborada por sentencias judiciales recientes, lo que lleva al Ayuntamiento a plantear la modificación urgente de los acuerdos adoptados en 2019, 2022 y 2023 relativos a este programa de prejubilaciones.

Tres situaciones diferenciadas según el estado del procedimiento

Pese a la ilegalidad confirmada, el Ayuntamiento distingue tres tipos de situaciones entre los funcionarios afectados:

Funcionarios jubilados que ya cobraron la ayuda
Para quienes ya se jubilaron y recibieron la ayuda, no se exigirá devolución. Aunque se ha confirmado su ilegalidad, se preserva el principio de seguridad jurídica y se entiende que se actuó bajo una apariencia de legalidad.

Funcionairos jubilados sin ayuda pero con derecho reconocido antes de la firmeza judicial
En el caso de cinco empleados municipales que ya se jubilaron pero no habían cobrado aún la ayuda, se acordará el abono de las cantidades prometidas. Eso sí, no se reconocerá como ayuda a la jubilación anticipada, sino como responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, dado que se generó una confianza legítima antes de declararse la ilegalidad.

Solicitantes pendientes sin resolución
Para aquellos trabajadores municipales que solicitaron la ayuda pero no obtuvieron resolución antes del dictamen jurídico, no se reconocerá ningún derecho, ya que la expectativa no genera un derecho adquirido, y la normativa actual impide seguir concediendo dichas ayudas.

Apertura a la negociación para revisar los planes de pensiones

En paralelo, la propuesta plantea abrir un proceso de negociación con los sindicatos para revisar y actualizar las aportaciones al plan de pensiones del personal municipal, con el fin de adecuarlo al marco legal vigente. Esta revisión tendrá como base el Real Decreto Legislativo 1/2002, modificado en 2022, sobre planes y fondos de pensiones.

El objetivo es encontrar fórmulas legales y sostenibles para abordar las necesidades del personal municipal en materia de jubilación, sin incurrir en prácticas que puedan ser objeto de impugnación o generar conflictos jurídicos futuros.