La política cartagenera sigue ofreciendo ese espectáculo tan poco frecuente -léase con ironía- en el que nadie tiene nada que reprocharse… salvo todo. El último capítulo lo protagoniza el ya exconcejal de Vox, Diego Salinas, que ha decidido responder -como buen hijo de vecino por las redes sociales, que así queda más moderno- con contundencia -y un notable despliegue de memoria selectiva- a las críticas del otrora compañero, ahora vicealcalde, Gonzalo López Pretel, por obra y gracia del trilero juego político.
Todo empezó cuando López Pretel, en un ejercicio de sobriedad política digno de estudio, vino a decir que si Salinas ya no se siente identificado con Vox, “por dignidad debería dejar el acta”. Un clásico: la dignidad como concepto flexible, útil tanto para pedir dimisiones como para justificar permanencias.
Salinas, lejos de recoger el guante, ha optado por devolver la pelota… con efecto. En su comunicado, rechaza “rotundamente” las críticas y las define como “interpretaciones interesadas”, una fórmula que en política suele significar que cada uno interpreta lo que le conviene, pero con más adjetivos.
Pero el concejal no adscrito no se queda ahí. Decide, además, hacer un repaso —no precisamente amable— de la trayectoria reciente de López Pretel, marcada, según él, por la polémica y el malestar ciudadano. Un retrato que, curiosamente, encaja bastante bien en el manual básico de reproches cruzados de cualquier corporación municipal.
El tono sube cuando Salinas acusa al vicealcalde de “dividir a la sociedad cartagenera” con decisiones como la simbología vinculada a la agenda LGTBI. También le atribuye peticiones de dimisión con más de 600 firmas de vecinos de las diputaciones del litoral por lo que “consideran engaños políticos y una evidente falta de trabajo en defensa de los intereses de los cartageneros”, polémicas sobre vivienda e incluso una supuesta desconexión con las prioridades reales de la ciudad. Todo en un mismo paquete, para que no falte de nada.
Por si fuera poco, añade el capítulo patrimonial -voto en contra de la restauración de la Catedral- y el empresarial -la famosa referencia al nuevo centro de formación de la FREMM en Los Camachos como “chiringuito”-, completando así una especie de catálogo de agravios con vocación enciclopédica.
Mientras tanto, López Pretel había optado por un enfoque más institucional -dentro de lo que cabe-, defendiendo la estabilidad del Gobierno municipal y recordando que el acta “no es de la persona, sino del partido y de los votantes”. Una afirmación que, en política, suele ser tan discutida como recurrente, dependiendo de quién la pronuncie y en qué momento.
Salinas, por su parte, cierra su intervención apelando a la responsabilidad, la transparencia y el compromiso, y reclamando un debate centrado en los problemas reales de Cartagena. Un final clásico, casi obligatorio, en cualquier comunicado que ha dedicado varios párrafos a desmontar -o intentar hacerlo- al adversario.
En resumen, Cartagena asiste a otro episodio donde todos reclaman altura política… desde trincheras perfectamente delimitadas. Porque si algo queda claro es que, en este duelo, la dignidad, la lealtad y el interés general siguen siendo conceptos muy presentes. Eso sí, siempre en boca del otro.
