La reunión técnica convocada por la Delegación del Gobierno con los servicios municipales para aclarar el procedimiento de regularización extraordinaria de personas inmigrantes ha terminado sin respuestas, sin criterios comunes y sin instrucciones útiles para los ayuntamientos. Los técnicos municipales solo han recibido un enlace para dirigir sus dudas al Ministerio y el compromiso de que la propia Delegación también trasladará las preguntas planteadas. “Hoy hemos podido confirmar que esto es una chapuza desde el primer día”, según ha denunciado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

La alcaldesa ha considerado “impresentable” que los técnicos municipales hayan acudido este martes a la delegación del gobierno diez días después del inicio del proceso, para no obtener respuestas concretas a sus dudas. “Han pedido seguridad jurídica, unificación de criterios y aclaraciones sobre la tramitación de los informes de vulnerabilidad, el valor del padrón, la forma de tramitar los expedientes y la Delegación ha contestado que consultaría al Ministerio. Y no hubo respuesta”.

La alcaldesa ha añadido que los ayuntamientos están asumiendo en primera línea las consecuencias de una política migratoria sin planificación, sin medios y sin financiación suficiente. “El Gobierno no puede descargar sobre los municipios los problemas sociales derivados de la ausencia de una política migratoria seria y, al mismo tiempo, negarles los recursos para atenderlos. Si el Estado impone nuevas obligaciones, tiene que poner medios, personal y financiación”, ha indicado.

Arroyo ha explicado que la propia Delegación del Gobierno ha reconocido que la participación de los ayuntamientos no figuraba en los borradores previos y que apareció en el decreto definitivo. “Nadie pensó en los ayuntamientos, nadie preparó el procedimiento y nadie sabe ahora cómo aplicarlo”, ha concluido.

“Para eso no hacía falta convocar a nadie. Esto ni protege a los inmigrantes, ni protege a los municipios, ni da seguridad jurídica a los ayuntamientos ni a los alcaldes. Solo crea colas, tensión, inseguridad jurídica y más carga para nuestros empleados públicos”, ha señalado la alcaldesa.