MURCIA. El Gobierno murciano ve con preocupación que no haya plan B en España para cuando finalice el estado de alarma. Este marco jurídico, en vigor desde el mes de octubre, expirará el próximo 9 de mayo. Con este régimen vigente, la Comunidad tiene amparo legal para ordenar confinamientos, toques de queda y cierre perimetrales. Sin él, el Ejecutivo regional necesitaría de avales judiciales para tomar medidas drásticas.
Todavía se ignora si el Gobierno que preside Fernando López Miras abogará por eliminar el toque de queda y el cierre perimetral una vez llegado el 9 de mayo. Pero sí se sabe que la Comunidad quiere tener el 'botón legal' en su mano para poder aplicar estas limitaciones: quiere tener instrumentos jurídicos para poder intervenir en caso de que se vuelvan a registrar repuntes o focos de coronavirus en la Región de Murcia.
"Nos preocupa que no tengamos herramientas", reconocía el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Asegura que no se trata de "imponer restricciones", sino de tener "mecanismos para frenar los contagios" en caso de que "se incrementen las cifras en zonas y municipios". Es decir, herramientas "para proteger a la población".
Desde el Gobierno de Pedreño Sánchez sostienen que que la legislación vigente ya permite tomar restricciones contundentes y que las comunidades tan sólo necesitan el aval de un tribunal. Sin embargo, desde el Ejecutivo regional echan en falta "soluciones jurídicas". Por esa razón les preocupa "el escenario que quedaría a partir del 9 de mayo si no se prorroga el estado de alarma". En el recuerdo quedan las dificultades que muchas autonomías sufrieron en verano pasado para poder sacar adelante sus medidas.
El propio consejero de Salud ya trasladó en la reunión del Consejo Interterritorial, celebrada este miércoles, su inquietud por el hecho de que las autonomías se queden "sin opciones como la restricción de movilidad regional o el toque de queda obligatorio". A su juicio, "necesitamos un plan alternativo". En su momento, la Comunidad ya pidió amparo legal para poder confinar por barrios, zonas y municipios concreto.