Guerrero y Gómez. Foto: A. M.MURCIA. Los convenios urbanísticos derivados del desarrollo de la zona norte de Murcia, en el entorno del estadio Nueva Condomina y el centro comercial surgieron como una oportunidad para que Murcia creciese. El importante proyecto para la ampliación del municipio en los terrenos entre Churra y Santomera fue uno de los planes estrella del Gobierno del exalcalde Miguel Ángel Cámara (PP), pero tras la paralización de muchas de las promociones que había prevista tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, todo cambió. Una deuda ya requerida de 34 millones de euros ha hecho reaccionar al Ayuntamiento.
El vicealcalde, Mario Gómez, junto al concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, han anunciado este martes la puesta en marcha de la mesa de trabajo para el seguimiento y control de los convenios urbanísticos de la zona norte.
A esta primera reunión, que tendrá lugar la próxima semana, asistirán los técnicos municipales competentes y representantes de los grupos políticos para abordar la problemática suscitada en torno a los convenios. Con la puesta en marcha de esta mesa se da cumplimiento a la moción aprobada por mayoría en el Pleno municipal celebrado el pasado mayo, en la que se instaba al equipo de Gobierno a la creación de esta mesa.
Igualmente, el Gobierno local convocará próximamente a todos los afectados por los convenios que incumplieron los anteriores equipos de Gobierno y por la anulación del Plan Especial de Infraestructuras Comunes a los Sectores del Ensanche Norte de la Ciudad (PEI).
La convocatoria de esta mesa se produce a raíz de la primera sentencia que condena al Ayuntamiento de Murcia "a pagar casi 20 millones de euros a una promotora que suscribió en 2008 uno de estos convenios para construir en la zona norte del municipio cerca de 5.000 viviendas". Esta sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia.
Por otra parte, una segunda empresa promotora "ha presentado hace unos días otra demanda en el mismo sentido". En este caso, "una sentencia desfavorable para el Consistorio murciano podría costar a las arcas municipales unos 14 millones de euros en concepto de indemnización por el convenio incumplido, así como por los correspondientes daños y perjuicios", aseguran.
El vicealcalde y el concejal de Urbanismo han manifestado su preocupación ante una situación que califican de "compleja, heredada y a la que no han dado solución a lo largo del tiempo los anteriores equipos de Gobierno, que son quienes la han generado".
En este sentido, Gómez ha resaltado que, según datos de la propia web municipal, los promotores "han pagado al Ayuntamiento en efectivo la cantidad de 91.477.417 euros más 25.339.437 euros en obra construida, lo que supone un total de 116,8 millones de euros".
A pesar de la "inacción y el silencio administrativo" por parte de los anteriores responsables políticos, tanto el vicealcalde como el responsable de Urbanismo han mostrado su confianza en que "entre todos podamos encontrar soluciones tras varios años de retraso".
Por su parte, Andrés Guerrero ha señalado que como consecuencia de la sentencia que determinó la nulidad del PEI, "el Consistorio ya salió perjudicado, sea cual sea la solución a la que ahora podamos llegar".
De esta forma, ha explicado que "una solución consistiría en devolver el dinero, pero esta devolución implicaría una devolución de intereses, de gastos de avales y de gastos de costas, por lo que se le causa al Ayuntamiento y a todos los murcianos un perjuicio de un tercio adicional sobre el importe total a devolver".
Otra posible solución, ha detallado Guerrero, pasa por "redimensionar los convenios, pero en este caso debemos tener en cuenta que la sentencia del PEI determinó que los gastos que se pretendían imputar a las promotoras en realidad corresponden al Consistorio murciano, con lo cual vamos a tener que gastar ese dinero sí o sí".
