La espada de 'Damocles' de los convenios fallidos: una losa de 125 millones pende sobre Murcia

MURCIA. Los convenios urbanísticos derivados del desarrollo de la zona norte de Murcia, en el entorno del estadio Nueva Condomina y el centro comercial surgieron como una oportunidad para que Murcia creciese. El importante proyecto para la ampliación del municipio en los terrenos entre Churra y Santomera fue uno de los planes estrella del Gobierno del exalcalde Miguel Ángel Cámara (PP), pero tras la paralización de muchas de las promociones que había prevista tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, todo cambió.

Hoy en día, más de una década después de que se paralizase la construcción de miles de viviendas, ya que se demostró que la demanda era infinitamente menor que la oferta, la patata caliente de esos proyectos fallidos ha estallado. Y pende como una 'espada de Damocles' sobre el nuevo equipo de Gobierno local, de PSOE y Ciudadanos, que ha visto como poco más de mes y medio después de tomar las riendas con la moción de censura, ya hay una sentencia que obliga al Consistorio a abonar 21 millones de euros a una de las promotoras, pero se teme que no sea la única.

De hecho, el Gobierno local ya alertaba este lunes de que las posibles reclamaciones judiciales por siete convenios urbanísticos no ejecutados en el norte del municipio pueden generar un agujero económico a las arcas municipales de más de 125 millones de euros.

En una rueda de prensa, los concejales de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, y de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, explicaban las posibles consecuencias que puede tener para el consistorio la sentencia ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia.

El fallo, que ha sido recurrido ante el TSJ, da la razón a la promotora Mamusa, que deberá recibir del ayuntamiento casi 20 millones de euros por las cantidades desembolsadas para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el norte de Murcia, una vez que no puede desarrollar finalmente las obras.

El Gobierno local, en caso de que no gane el recurso presentado en segunda instancia, también deberá afrontar las costas, los gastos y los intereses, que, según ha cifrado Guerrero, pueden alcanzar el 30% de la cifra incluida en la sentencia.

Además, ambos ediles han advertido de que esta sentencia es una "espada de Damocles" si los promotores de los otros seis convenios urbanísticos no desarrollados en la zona norte deciden recurrir a la vía judicial, con reclamaciones que podrían rebasar, en caso de perder todas las sentencias, los 125 millones de euros.

Guerrero ha especificado que los servicios municipales estudiarán ahora la situación técnica y jurídica de cada uno de los convenios para determinar la solución "más viable". Para ello, se pedirán todos los informes jurídicos necesarios y el estado de las cuentas, informa Efe.

"Todo el equipo de Gobierno está trabajando ya en encontrar las distintas soluciones con el fin de que estas malas decisiones y la mala gestión anterior no perjudiquen a los murcianos. Esperamos que esta misma semana podamos encontrar la forma de resolverlo", ha apuntado el edil.

Por su parte, Lorca ha advertido de que esta "dejadez, mala gestión y la irresponsabilidad" de los anteriores Gobiernos locales puede "dejar en nada" la actual situación económica actual en el ayuntamiento, que ya calificó como "muy preocupante".

Así, ha recordado que hay un déficit de 17 millones de euros en tesorería, 21 millones de euros de inversiones no financiadas porque no se autorizaron los créditos debido al retraso en la aprobación del presupuesto, 121 millones de euros en saldo de dudoso cobro y 40 millones de competencias impropias que asume el consistorio y que no financia la comunidad.

El PP señala a Mario Gómez: "Lo conocía todo"

Por su parte y como respuesta, la portavoz municipal del PP, Rebeca Pérez, ha asegurado que el anterior equipo de Gobierno definió una "estrategia jurídica y práctica" para modificar los convenios "avalada en todos sus pasos" por los servicios jurídicos municipales. "No hemos dado un paso en este sentido sin que lo marcaran los técnicos competentes", ha apostillado.

Así, Pérez ha añadido que mantuvieron negociaciones con los promotores inmobiliarios implicados en los convenios para encontrar una solución "consensuada que no resultara gravosa" para el Ayuntamiento, al tiempo que ha aseverado que el vicealcalde y ex socio de gobierno, Mario Gómez, era "perfecto conocedor" de ellas como responsable municipal de Infraestructuras.

El objetivo era, según el PP, llegar a un acuerdo para modificar los convenios y reducir la edificabilidad a la mitad, para lo cual la concejalía de Gómez debería ser la encargarda de la redefinición de los mismos.