Carles Puigdemont, en Bruselas. Foto: EPMURCIA. Estoy iniciándome en eso del ChatGPT. Para descubrir la profundidad de esta herramienta, empecé con búsquedas de asuntos que me parecen complejos e interesantes. Todavía estoy muy lejos de manejarme en el mundo de los prompts, y mi primera pregunta fue "¿Cómo se calcula el cupo vasco?". Tras varios intentos cambiando el modo de realizarla e introduciendo mayor concreción en el mensaje, los resultados fueron un rotundo fracaso. El ChatGPT no tiene ni puñetera idea de cómo se calcula el cupo vasco y, lógicamente, es incapaz de facilitarme una tabla con los datos numéricos de cálculo de, por ejemplo, el año 2021.
Sin embargo, pese a que me queda mucho por aprender de estos impactantes desarrollos innovadores, no le echo la culpa ni a mi torpeza tecnológica ni a la sofisticada herramienta. El cupo vasco no hay quien lo pueda explicar ni como método sistemático ni, por supuesto, como instrumento de cohesión nacional.
La necesidad de dar un giro total a la financiación de las AAPP en general y las descentralizadas en particular procede de objetivos tan loables como dotar de recursos suficientes para cubrir los servicios públicos fundamentales, realizar un justo reparto de la riqueza y considerarnos a todos los españoles como iguales.
"distribuyendo a territorios lo mismo para cada habitante ajustado es como conseguimos la cohesión poblacional"
Para ello, lo primero que debemos remarcar es que la procedencia de los recursos necesarios (los ingresos tributarios) es de personas (físicas o jurídicas) y nunca de territorios. Y que el gasto de las competencias descentralizadas lo gestionan los territorios, que son a los que debemos entregar dichos recursos en función de la población ajustada que contenga cada uno de ellos. Y me refiero a población ajustada a tener en cuenta todo aquello que influye en que no podamos garantizar el mismo nivel de servicios con el mismo dinero per cápita por distintas estructuras de la pirámide poblacional, dispersión geográfica, densidad de población y otros condicionantes.
Recaudando a personas y distribuyendo a territorios lo mismo para cada habitante ajustado es como conseguimos la cohesión poblacional y que mantengamos la condición de iguales.
A día de hoy, el diagnóstico de la financiación autonómica es clara:
Se puede incluir pequeñas discrepancias en la determinación de la población ajustada, pero no son muy significativas.
Lo más complejo y confuso desde un punto de vista técnico es determinar la cantidad que necesitan las CCAA para garantizar los servicios fundamentales. Y calcularlo en términos de optimización de eficiencia. Desde un punto de vista político, la definición de esa población ajustada, la equiparación de recursos entre comunidades forales y de régimen común y saber diferenciar entre financiación efectiva (la que debería percibir cada comunidad por los impuestos cedidos sin hacer uso de su capacidad normativa propia) y real.
Que todas las comunidades reciban la misma financiación efectiva para las mismas competencias homogéneas y en base a la población ajustada parece lo más fácil, y, sin embargo, resulta un arco de iglesia.
Hay un informe de un comité de expertos, a instancias del Gobierno, que se reunieron en 2017 donde analizaron profundamente la situación. El sistema estaba concebido sobre un status quo de 2007 y para periodos de crecimiento económico, pero las crisis de 2008 y 2012 redujeron drásticamente los recursos a las CCAA. Desde entonces, la infrafinanciación del sistema, aunque también en menor medida la mejor o peor gestión recaudatoria de cada comunidad y el uso de la capacidad normativa de cada una, nos ha llevado a la insuficiencia.
Este informe de expertos incorporaba ideas como que los territorios con concierto sufraguen parte del sistema (todavía los están buscando para quemarlos en la hoguera) y que la Administración Central ceda más recursos. Claro, esto significa mayor presión fiscal ya que no dispone de recursos ociosos que pudiera repartir.
"Este no es el marco adecuado para la reforma del sistema. Esto es un atraco a mano a armada"
Por mi parte añado, reiterando ideas de artículos anteriores, que la determinación del montante suficiente y necesario no debe partir de status quos anteriores ni de negociaciones políticas entre territorios y la Administración Central. Una contabilidad analítica común y potente en todas las administraciones y el uso de las nuevas tecnologías, en el marco de una transformación digital de las AAPP cuya financiación tenemos al alcance de la mano con los Fondos Next Generation, nos debe dar datos precisos, objetivos y sin sesgos de las necesidades.
Si se confirma que efectivamente el conjunto de comunidades está infra financiado en términos de optimización de eficiencia, son los gestores públicos, centrales y autonómicos, los que nos tienen que explicar a la ciudadanía el por qué es necesario incrementar la presión fiscal, porque la situación real es que la Administración Central no para de endeudarse y en sobrepasar déficits escandalosos. Y nunca ligar quitas por insuficiencia de recursos con deudas por gestión.
Exigir a las comunidades forales que se alineen en capacidad financiera al resto de comunidades parece bastante razonable. El cálculo del cupo debe salir de un algoritmo ajeno a la intervención política y con criterios de cohesión social. No se pueden dar casos como que el incremento de las pensiones, que afecta a todos los pensionistas del Estado, suponga una mayor carga de deuda para la Administración Central sufragada por todos excepto por la Comunidad Vasca, que no participa en ella por la Ley del Concierto Económico. El gasto a competencias homogéneas y a población ajustada debería tender a igualarse con el resto de las comunidades.
Tampoco deben interferir negociaciones o presiones políticas o territoriales en que perduren las desigualdades horizontales entre comunidades.
Los acuerdos políticos del actual Gobierno de España con determinados partidos independentistas para sacar adelante la investidura van absolutamente en sentido contrario a esos loables objetivos de capacidad financiara dentro de una sostenibilidad financiera, cohesión territorial y condición de ciudadanos iguales.
Las quitas pactadas en función del endeudamiento con el FLA (ERC), las exigencias de gestión del 100% de sus ingresos (Junts), incremento de financiación de competencias y gestión de las tasas de reposición y sueldos de funcionarios (PNV), compensaciones análogas a la quita en Galicia (BNG)… Este no es el marco adecuado para la reforma del SFA. Esto es un atraco a mano a armada.
Me quedo con el ignorante ChatGPT, del que me fío mucho más para resolver estos problemas que los Puigdemont, los Junqueras, los Ortúzar, los Sánchez, los Bolaños y los Zapateros. Y ya de paso, que tampoco llamen a los Ayuso y López Miras. Para esto no necesitamos incendiarios sin soluciones.
