Basta leer la exposición de motivos para comprobar la frivolidad con la que se abordan cuestiones importantes y el énfasis que se pone en lo accesorio
El 31 de agosto, el Ministro de Universidades, Manuel Castells, presentó un anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), una reforma completa de la actualmente vigente LOMLOU, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de Pilar del Castillo posteriormente “retocada” en 2007 por Mercedes Cabrera. En realidad, hasta la fecha, sólo ha habido dos leyes de universidad en la democracia: la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, siendo ministro Agustín Maravall, y la LOMLOU.
Dado que durante este año y los dos próximos vamos a disponer de fondos europeos extraordinarios dentro de Next Generation EU, podría tener sentido modificar una ley orgánica si ello va a suponer realizar los cambios estructurales que nos reclaman cada año en las Recomendaciones específicas para España del Semestre Europeo. En ellas siempre se aconseja a nuestro país que aumente el esfuerzo en ciencia e innovación, así como que mejore la formación del capital humano, en todos los niveles educativos y, en especial, con un mayor porcentaje de titulados en formación profesional o vocacional y una mayor adecuación al mercado de trabajo de los titulados universitarios. Pero estos cambios no se realizan simplemente aumentado el presupuesto asignado a ambos programas (que también), sino introduciendo incentivos y cambios que permitan unos mejores resultados, en términos de mayor empleabilidad y productividad de los egresados a todos los niveles. Si esto se lograra con una nueva ley de universidades, el esfuerzo quizá valdría la pena. No es, sin embargo, el caso.
Resulta especialmente sangrante, en este contexto, con tasas de paro juvenil del 40% y con una clara inadecuación, en forma de sobre-cualificación, de los demandantes de empleo, que el anteproyecto de la LOSU sea una recopilación de consignas trasnochadas y adanismo flagrante casi a partes iguales. Con la excepción de algunas medidas concretas que podrían aplicarse vía decreto y en las que existe acuerdo, el resto del anteproyecto es totalmente prescindible. Al leerlo y compararlo, tanto con la LRU como con la LOMLOU, a cualquiera que conozca la universidad le invadirá, a buen seguro, una profunda melancolía.
Por empezar hablando de lo positivo, en primer lugar, comparto la necesidad de que la mayoría de los miembros de los tribunales que deciden plazas de funcionarios se elijan por sorteo. Ya era así en la LRU y en la LOU (en este caso, para la habilitación nacional). En segundo lugar, coincido con que la financiación de las universidades se base en objetivos (y, añadiría yo, resultados de los mismos). También comparto, en tercer lugar, que los cargos unipersonales, como Rector, Decano o Director de Departamento, tengan una duración de 6 años sin posibilidad de reelección. En cuarto lugar, retoman de la LRU que antes de poder ser funcionario sea necesario estar un tiempo desvinculado de la universidad en la que se estudió (9 meses en este caso frente a 2 años en la ley de 1983). Finalmente, aunque no aparece expresamente en la LOSU, también me parece muy importante abrir pasarelas entre la Formación Profesional Superior y los grados universitarios, con el fin de adecuar la formación al mercado de trabajo. La desaparición de las diplomaturas hace que en la universidad se haya abierto un hueco que podría cubrirse con este tipo de iniciativas.
Todo lo anterior se puede solventar con decretos o con modificaciones puntuales en el articulado de la Ley. Por tanto, lo que realmente se esconde detrás del anteproyecto de LOSU es cualitativamente distinto. Basta leer la exposición de motivos para comprobar la frivolidad con la que se abordan cuestiones importantes y el énfasis que se pone en lo accesorio. Se trata, sin duda, de una maniobra de distracción, utilizando una serie de mantras que son, además, falsos, para hacer creer a los estudiantes, a sus familias y a la sociedad en general, que están ante una ley progresista, que aumentará la calidad de la educación superior y que, sobre todo, será feminista. Se trata, en realidad, de trasladar el igualitarismo mal entendido, que ya se ha implantado en la educación obligatoria con resultados bien conocidos, a la universidad.
En toda la Ley se incurre en un constante adanismo al que estamos todos ya acostumbrados. El primer ejemplo lo encontramos en la segunda página, donde se dice que, en la actualidad, (se) “ha exigido que el personal docente sea a la vez personal investigador, con la consiguiente adaptación de sus carreras académicas”. Que esta afirmación se encuentre en una “nueva” ley universitaria no puede causar sino consternación, puesto que la LRU de 1983 ya confería el carácter doble, de docente e investigador, al profesorado, al que llamó PDI (Personal Docente e Investigador). Además, en la universidad española se produce la mayor parte de los resultados de investigación en España.
Esta visión se consagra, más claramente si cabe, en el articulado, puesto que en el artículo 58 - Concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios- se dice que “en todos los concursos será condición necesaria que la experiencia docente tenga igual consideración que la experiencia investigadora en los criterios de valoración de los méritos”. En la actualidad, se suele asignar en las plazas de Catedráticos de Universidad el doble de valor a la investigación que a la docencia, puesto que esta última se valora con mayor peso en el caso de los Titulares de Universidad. Está claro que, lejos de perseguir la calidad y la especialización del PDI, se trata de consagrar la mediocridad. No estoy muy segura de si el problema es el desconocimiento o la venganza. A esto parece que apunte, la derogación (Disposición Derogatoria única) del Real Decreto-Ley 14/2012, que reducía la dedicación docente de los investigadores más productivos y aumentaba la de los que en los últimos 7-8 años no hubieran superado la evaluación de su investigación (no tuvieran un sexenio “vivo”).
Esto es tan sólo un ejemplo. Hay muchas imprecisiones, mientras que se descubre la pólvora en varias ocasiones. No quiero terminar mi colaboración de este mes sin expresar el deseo de que en España se valore el mérito, el trabajo y el esfuerzo. Necesitamos hacer buena investigación, venga de donde venga. En instituciones públicas y donde las remuneraciones de cada empleado se regulan por el BOE y las normas autonómicas, hablar de brecha de género en los salarios parece una broma de mal gusto. La brecha que existe es entre los buenos y los malos profesionales, en todos los ámbitos de la vida y del conocimiento. Y que me disculpen los defensores de lo políticamente correcto si peco de elitista, pero ahora (y siempre) necesitamos a los buenos y, si es posible, a los mejores. La educación es un bien público, financiada por los impuestos de los ciudadanos, y actuar de otra manera es una estafa.