La mayoría no había utilizado ningún método anticonceptivo
Más de 3.600 murcianas abortaron en 2023
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MURCIA. De nuevo somos noticia en la prensa nacional -empieza a ser habitual- y de nuevo por hechos lamentables.
En esta ocasión han sido las denuncias valientes de cuatro mujeres que necesitaron en su día un aborto terapéutico y fueron enviadas a clínicas privadas, en algunos casos incluso fuera de la Región, y que relatan en primera persona el trato indigno que recibieron y inadecuadas condiciones sanitarias.
"desde hace once años, en esta comunidad la ley del aborto se incumple"
Una interrupción del embarazo quizás sea una de las situaciones más tristes y dolorosas a las que tenga que enfrentarse una mujer. Ninguna mujer quiere abortar, ninguna, y hacerlo no es inocuo para su salud física ni para su salud mental pero, dicho esto, es real que a veces las mujeres tienen que tomar esa dolorosa decisión y otras veces es la medicina quien así lo aconseja.
En España hace años que esto fue regulado en el Congreso de los Diputados mediante una ley orgánica que garantiza a las mujeres su derecho decidir, la ley 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y desde entonces, desde hace once años, en esta comunidad la ley se incumple.
Las denunciantes son mujeres que han necesitado un aborto terapéutico, un aborto por necesidades médicas ya sea por malformaciones graves del feto incompatibles con la vida o por peligro de la vida de la madre. La necesidad médica del aborto surge ante la imposibilidad de continuar con el embarazo y cuando a una mujer su médico le da esa tremenda noticia se entera además de que deja de ser paciente de la sanidad pública, que el sistema la expulsa como paciente, que la derivan sola a una clínica privada, algunas situadas fuera de la Región, incluso en Madrid. Se le dice que no va a tener ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de apoyo psicológico tras la pérdida perinatal ni seguimiento posterior de su estado dado que es en otra comunidad.
El testimonio de estas mujeres sobre el trato y las condiciones sanitarias es tremendo y ya hay una denuncia en la Fiscalía Superior de la Región por parte del Defensor del Paciente pidiendo una investigación.
De nuevo el Gobierno regional incumple una ley orgánica por razones puramente ideológicas y religiosas. Por eso estas mujeres y algunos de sus médicos han decidido denunciar lo que ocurre, exigir que se investigue, pretenden evitar que este maltrato se siga repitiendo con otras mujeres.
Lo que ocurre en nuestra comunidad con las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por criterios médicos es maltrato institucional, es violencia hacia la mujer y es vulneración de sus derechos. Me pregunto qué tiene que decir sobre este tema la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social o qué datos aporta el Observatorio de Igualdad. Sus silencios son tan clamorosos como su irrelevancia política.
Rosa Peñalver Pérez.
Docente. Jubilada