El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón durante la toma de posesión en Les Corts. Foto: KIKE TABERNERMURCIA (EFE). Mucho antes de cumplir los primeros cien días de gobierno tras las elecciones del 28 de marzo, los nuevos ejecutivos autonómicos del PP, en solitario o en coalición, han iniciado ya la aprobación de rebajas e incluso la supresión de impuestos como los de sucesiones y donaciones y patrimonio.
En sus primeras semanas de mandato, los gobiernos de Baleares, la Comunitat Valenciana, Extremadura y La Rioja ya han aprobado iniciativas de rebaja fiscal, que en ocasiones afectan también al tramo autonómico del IRPF o al impuesto de transmisiones patrimoniales, igual que en Aragón y Cantabria, donde los ejecutivos regionales han anunciado medidas en ese sentido.
En concreto, el Govern balear de Marga Prohens ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos, abuelos a nietos y entre cónyuges, y ha reducido el de transmisiones patrimoniales en la compra de primeras viviendas para jóvenes y personas con discapacidad.
El Consell valenciano aprobó este mes, entre otras reformas, una bonificación del 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones para padres, hijos y cónyuges y la Junta de Extremadura dio luz verde a un primer paquete de medidas fiscales que incluye la bajada al 8 y 10 por ciento en los primeros tramos autonómicos del IRPF y la bonificación total del impuesto de patrimonio.
A su vez, el ejecutivo riojano de Gonzalo Capellán ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley por el que se elimina el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges, que ahorrará 8,3 millones de euros a los contribuyentes.
En Canarias, el ejecutivo CC-PP-ASG de Fernando Clavijo también ha aprobado un decreto ley por el que bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones por razón de parentesco, y no renuncia a la reducción "selectiva" del IGIC (equivalente al IVA en las islas) del vigente 7 % al 5 %, comprometida en el acuerdo de gobierno.
El nuevo Gobierno de Aragón se ha comprometido a bajar el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas y a eliminar "paulatinamente", a lo largo de la legislatura, el impuesto de sucesiones y donaciones hasta su mínimo legal, y el de Cantabria tendrá listo este mes una reforma fiscal que, entre otras cosas, extenderá la bonificación del 100 % de sucesiones a los hermanos, eliminará patrimonio y rebajará el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.
Estas comunidades en las que gobernaba el PSOE -en Cantabria en una coalición presidida por el regionalista Miguel Ángel Revilla- se suman así a la carrera de rebajas fiscales que inició Madrid y que siguieron la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y más tímidamente Galicia, Castilla y León y Murcia.
En esta última, el acuerdo del PP y Vox recoge ahora el compromiso de reducir el IRPF en los tramos de salarios medios y bajos o rebajar el tipo impositivo general del ITP, mientras que en Madrid el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que tramitará durante este mandato una nueva rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF.
Estas rebajas fiscales son defendidas casi siempre con razones similares. Cuando anunció las reformas que iba a aprobar al llegar al gobierno, el presidente aragonés, Jorge Azcón, argumentó por ejemplo que el impuesto de sucesiones "es un castigo al esfuerzo de toda una vida".
"Es urgente bajar impuestos a las familias", dijo la jefa del ejecutivo y líder del PP de las islas, Marga Prohens, que negó, como otros de sus compañeros de partido, que su reforma fiscal favorezca solo a quienes tienen más dinero y patrimonio sino que "los beneficiarios son todos los ciudadanos".
Para la presidenta extremeña, María Guardiola, lo urgente era "devolver el dinero al bolsillo de los contribuyentes", mientras que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió que con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones "se evitan injusticias, dobles imposiciones y se adquiere un compromiso fiscal, histórico y, sobre todo, moral".
A día de hoy, Madrid y Andalucía tienen una bonificación del 100 % en el impuesto de patrimonio, por lo que ningún contribuyente lo paga, Galicia regula una bonificación del 50 % y varias comunidades presentan incentivos fiscales para personas discapacitadas o para patrimonios especialmente protegidos, como recoge el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023 del Consejo General de Economistas.
En sucesiones, los descendientes directos, incluidos los adoptados menores de 21 años, solo pagan importes simbólicos en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y los territorios forales, y las seis primeras también liberan prácticamente de tributación a otros familiares como el cónyuge, ascendientes y adoptados de 21 o más años.
Comunidades con ejecutivos de izquierda mantenían hasta ahora límites por debajo de los cuales no se pagaba, como La Rioja, Aragón, Cataluña, la Comunitat Valenciana o Castilla-La Mancha.
El análisis del Consejo General de Economistas recoge que en 2023 Andalucía introdujo la bonificación del 100 % en Patrimonio, con efecto 2022, Galicia la aumentó hasta el 50 %, y Murcia aprobó un mínimo de 3.700.000, mientras que Cataluña, Navarra y la Comunitat Valenciana establecieron desde el año anterior un nuevo tramo con tipos más altos.
En el IRPF, en general para 2022, se produjeron rebajas de las escalas autonómicas en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, la Comunitat Valenciana, y Navarra.
Las rebajas, ajustes y deducciones en el IRPF aprobadas por las distintas comunidades han restado 1.677 millones de euros de recaudación en los siete primeros meses del año, según el último informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria.
