MURCIA. Los trabajadores del comité de empresa de Offshore Special Services (OSS) -adjudicataria del servicio de emergencias del Ayuntamiento de San Javier desde junio de 2019-, han elaborado un comunicado en el que ponen de manifiesto su "satisfacción" al conocer el auto del Juez de San Javier mediante el cual se han abierto diligencias previas contra el Concejal de Seguridad y Protección Civil de dicho consistorio, Rubén Pérez González, el Coordinador de la Unidad de Protección Civil, E.S.M., y el anterior responsable del contrato del servicio de emergencias municipal, S.M.G., por un presunto delito de acoso contra la empresa Offshore Special Services (OSS).
Los trabajadores de OSS sostienen en su comunicado que el auto viene a reflejar la situación de "acoso y persecución que venimos denunciando desde hace meses a la propia empresa, e incluso al más alto cargo del consistorio, así como las continuas denuncias y quejas que realizamos al vivir frecuentes situaciones de toxicidad informativa por parte del Ayuntamiento y de algunos de sus representantes, en las que se han puesto en duda nuestra profesionalidad, nuestro buen hacer y nuestro honor".
El comité de empresa de OSS denuncia que "esta desagradable situación que vivimos los trabajadores del Servicio de Emergencias Municipal da lugar a una sensación de angustia, miedo e indefensión por parte de todos los que componemos la plantilla, sumado a la inseguridad que provoca la indiferencia con la que el Ayuntamiento de San Javier nos trata con respecto a nuestro futuro laboral".
Los trabajadores manifiestan, además, su "satisfacción porque se vaya a aclarar si hubo instrucciones por parte determinados responsables políticos o funcionariales acerca de la no movilización de los recursos de nuestro servicio, algo que en los últimos meses venimos sufriendo. Esta medida ha provocado daños a vecinos de San Javier, ya que se han producido sucesos de extrema gravedad, ya no solo en el municipio, si no en distancias muy próximas a nuestra base de operaciones, y no se nos ha activado para prestar un servicio que es esencial y en algunos casos, vital". Añaden que "esta circunstancia nos produce una gran consternación y un gran estrés psicológico. Por ello, pedimos que se nos tenga en cuenta para nuestro futuro laboral y nos dejen de utilizar para determinados tetras políticas".
La misiva sostiene, igualmente, que "los trabajadores de este servicio solo podemos observar con impotencia como por parte del Ayuntamiento se han puesto en marcha procesos para asumir con medios propios los servicios que actualmente venimos prestando, sin contar en ningún caso con nosotros, lo que demuestra un absoluto desprecio al trabajo desarrollado en pro de San Javier por nuestra parte, algunos de los trabajadores durante muchos años".
Explican, que uno de los servicios que el Ayuntamiento pretende revertir es el de Salvamento en Playas para lo cual se ha abierto desde el consistorio una bolsa de socorristas "sin contar con nuestro personal, con los compañeros que venían prestando servicio desde hace varios años y que ahora se enfrentan a la incertidumbre laboral".
Afirman que las bases de la bolsa de socorristas que fue publicada el pasado día 28 de abril en el BORM, permite la contratación de menores de edad para ejercer un trabajo "a todas luces peligroso", se preguntan "¿quién esta asesorando al consistorio para que se pretenda contratar a menores de 16 o 17 años de edad para velar por la seguridad de los vecinos de San Javier? ¿alguien está pensando en la seguridad de esos menores?
En las bases publicadas, también se valora más el disponer de cualquier licenciatura que la experiencia como socorrista acuático algo para lo que no encuentran ninguna explicación ¿acaso una licenciatura en derecho o en economía vale para algo a la hora de salvar la vida de una persona?
El comité de empresa denuncia que el Ayuntamiento está llevando al extremo su actitud frente a la empresa y que le adeuda ya mas de cuatro mensualidades del servicio, lo que está provocando serios problemas de tesorería que los trabajadores temen que pueda afectar al pago de sus propias nóminas.
Por último, el comité anuncia en su misiva que está estudiando la convocatoria de movilizaciones frente al consistorio en defensa de sus derechos y su futuro laboral.