MURCIA (EFE). UGT y Comisiones Obreras han anunciado este jueves que la reducción de la jornada laboral a los funcionarios de la Región de Murcia comenzará a aplicarse a partir del 1 de junio de este año. Sin embargo, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, asegura que las negociaciones aún siguen abiertas. En concreto, los sindicatos han apuntado a un preacuerdo por el que los trabajadores públicos pasarán de las 37,5 horas semanales que tienen actualmente a 36,5.
En rueda de prensa, el secretario general de UGT Murcia, Antonio Jiménez, ha apostillado que la hora y media restante hasta llegar a las 35 pactadas con el Gobierno regional se suprimirá a partir del 1 de junio de 2024.
Esta medida forma parte del preacuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Consejería de Economía que, a parte de la reducción de jornada de los empleados públicos de la comunidad, también incluye la creación de 2.950 plazas de funcionariado regional entre 2023 y 2024.
Jiménez ha informado de que están a la espera de que el Ejecutivo murciano les mande el borrador definitivo, "con el que se celebrará una mesa sectorial en la que se formalizará de forma definitiva el acuerdo".
El representante de UGT en la Región ha señalado que a este acuerdo se llega después de "una intensa movilización sostenida durante mucho tiempo", y que sirve para empezar a revertir "los recortes que los 60.000 empleados públicos de la comunidad murciana llevan sufriendo desde 2011".
En este sentido, Jiménez ha apuntado que esta medida es "un punto de partida" y que todavía faltan por recuperar otros derechos como "la jubilación parcial a partir de los 55 años o la paga extraordinaria que no se cobró en 2014".
Por su parte, el secretario general de CCOO en Murcia, Santiago Navarro, ha tildado de "histórico" el acuerdo alcanzando con la Administración regional, a la que ha felicitado "por su implicación y entendimiento de la importancia de reducir la jornada laboral de los funcionarios".
Asimismo, ha reconocido que no es fácil llevar a cabo una iniciativa como esta debido "al gran ajuste presupuestario que supone para una comunidad que tiene 12.000 millones de euros de déficit".
También ha remarcado "la importancia del acuerdo" porque a él se han adherido otras organizaciones sindicales de Sanidad y Educación como la de enfermería SATSE o la del profesorado ANPE.
Por su parte, Marcos Ortuño ha insistido en que el Gobierno sigue negociando “con todos los sindicatos” pero “no hay acuerdo cerrado”, sino solo “propuestas que habrá que valorar y tener en cuenta”.
Así lo expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que los responsables regionales de los sindicatos mayoritarios anunciaran esta reducción de jornada de una hora a partir de julio.
El portavoz ha apuntado a que la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es una medida “con un elevado coste económico” y que “implica un esfuerzo presupuestario importante” para una comunidad autónoma “infrafinanciada” por el estado, por lo que es preciso “valorar la viabilidad” y el impacto real de la propuesta.
