MURCIA (EFE). El presidente de la patronal de promotores constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, advierte de que es imposible hacer vivienda protegida actualmente con los precios de 2008: "no salen los números" para las compañías.
En una entrevista con la Agencia EFE tras ser elegido para un nuevo mandato al frente de la patronal, denuncia que si el encarecimiento de la vida o de los precios de los materiales ha sido ostensible desde 2008 no puede ser que los precios para la vivienda protegida se mantengan inalterados con los mismos módulos de hace catorce años.
Reconoce que hay promotores que tienen que paralizar proyectos porque no les salen las cuentas y lamenta que el desarrollo de la vivienda protegida en España haya sido básicamente gracias a la iniciativa privada. Por ello, urge al Estado a que incremente sus inversiones para desarrollar este tipo de vivienda y dar una solución habitacional a los más vulnerables.
Tras unos meses marcados por un fuerte incremento del precio de los materiales necesarios para construir viviendas, Gómez-Pintado asegura que se están atemperando y que las promociones no se van a paralizar por estas subidas, que en su opinión no se van a trasladar a los precios de la vivienda sino que se van a absorber a costa de menores márgenes para las compañías.
Sí entiende que algunas empresas a la hora de lanzar nuevos proyectos en mercados secundarios puedan tener más dudas y estén a la espera de ver la evolución económica.
El presidente de los promotores es además muy crítico con la Ley de Vivienda del Gobierno e insiste en que intervenir el mercado no es una buena solución y va a obtener el resultado contrario a lo que se propone: poner más trabas al alquiler y sacar producto del mercado.
Entiende que se acerca un momento crítico con las próximas elecciones municipales sin estar lista esta ley y habla de pugna entre los dos socios de coalición, con una parte socialista poco convencida. Tampoco comparte que se limiten las subidas del alquiler al 2 % cargado las soluciones en los propietarios de vivienda, que igual necesitan estos ingresos para complementar su pensión, y vulnerando el derecho a la propiedad privada.
"La seguridad jurídica es fundamental", insiste y si persiste los inversores internacionales automáticamente eligen otro país donde no cambien las reglas del juego a mitad del partido.
Además, espera que algún gobierno haga frente a la ocupación ilegal de viviendas, porque no hay una buena y otra mala, y ofrezca soluciones que no distingan entre propietarios particulares y empresas.
El sector se enfrenta también a la falta de mano de obra, que Gómez-Pintado ya advierte de que está afectando a otros sectores, especialmente a aquellos trabajos que de alguna manera requieren un esfuerzo físico. "Es un problema generacional que se va a convertir en estructural", vaticina.
Sin embargo, lo ve como una oportunidad para dar el gran salto a la industrialización definitiva de la vivienda, que puede evitar que esta se encarezca por falta de personal.