LORCA (Efe). Izquierda Unida presentará en el pleno municipal del ayuntamiento de Lorca "un plan de choque" para acabar con el hacinamiento en las viviendas de la localidad, erradicar los 'pisos patera' y perseguir los abusos vinculados al subarrendamiento a las clases más vulnerables.
La concejala Gloria Martín ha dicho que el plan conjuga la dignificación de las condiciones de vida de las personas con menos recursos, mediante el incremento de la oferta de alquiler social a precio asequible y con seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, con la lucha contra los abusos y los fraudes fiscales, especialmente los vinculados al realquiler por habitaciones o camas.
En una rueda de prensa ha explicado que el hacinamiento de las viviendas está suponiendo “un serio obstáculo” para garantizar en Lorca el cumplimiento de las medidas de aislamiento personal necesarias para frenar la curva de transmisión del Covid-19.
Ha relatado que "las difíciles circunstancias de subarrendamiento que sufren algunos vecinos les impiden protegerse y evitar la propagación del coronavirus".
También ha denunciado "abusos" vinculados a subarrendamientos a un coste de hasta 280 euros por habitación, que suponen que un piso de 90 metros cuadrados sea habitado hasta por 16 personas y que en algunas viviendas del municipio cada morador solo disponga de 5,6 metros cuadrados.
La iniciativa que llevará al pleno incluye la bonificación del 95% del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para los propietarios que cedan viviendas en alquiler para uso social, un recargo del 50% en este impuesto a los bancos que mantengan sus inmuebles deshabitados, o la puesta en marcha de una oficina municipal de vivienda que gestione una bolsa de alquiler social con ventajas para los arrendadores, como un seguro contra impagos durante un año.
Las medidas de IU incluyen la redotación de los recursos humanos y técnicos de la concejalía de Vivienda y la creación, en un plazo de tres meses, de una comisión municipal sobre habitabilidad en las viviendas, integrada por técnicos de dicha concejalía y de las de Educación, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y de la Oficina del Padrón Municipal, además de por representantes de los grupos municipales, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la de Organizaciones de Mujeres y de agentes privados, como los administradores de fincas.
El objetivo es "crear mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre todas las partes implicadas", ha dicho Martín. Su grupo municipal también intentará que en un plazo no superior a tres meses, el ayuntamiento abra una oficina municipal de vivienda y active el programa 'Lorca Alquila' como servicio de mediación gratuito e integral que sirva de estímulo a los propietarios para poner en el mercado de alquiler viviendas destinadas a las personas con dificultades para acceder a él.
Entre los servicios se incluirían la gestión de una bolsa de viviendas de alquiler social, asesoramiento jurídico-fiscal para la redacción de los contratos, cláusula de sometimiento al arbitraje en caso de conflicto, seguro de impagos durante un año y asesoramiento sobre deducciones fiscales y ayudas públicas.