MURCIA. Durante los últimos meses, algunas fuerzas políticas intentan enmascarar la incapacidad para frenar la creciente subida de precios y el empobrecimiento generalizado con ataques furibundos contra empresas y empresarios. Señalan a determinados empresarios de éxito reconocido como los responsables de la precaria situación económica de nuestro país.
Los poderes públicos que deberían proteger y favorecer la actividad económica como motor de desarrollo y progreso, son cada día más agresivos frente a la iniciativa privada. Las empresas, responsablemente, están contribuyendo de manera decisiva a hacer frente a una de las mayores crisis económicas y políticas de los últimos tiempos, a pesar de los múltiples obstáculos con los que se encuentra.
Una sociedad cohesionada necesita fomentar políticas que impulsen la creación de empleo para permitir que las personas desarrollen sus proyectos de vida con libertad y seguridad. Incrementar el número de trabajadores en empresas y actividades privadas es necesario para la sostenibilidad del sistema económico y la prestación de los servicios públicos. Son las empresas y sus trabajadores quienes generan los recursos necesarios para mantener la sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, etc.
En España hay un excelente tejido empresarial. Hombres y mujeres que empezando desde muy abajo han ido construyendo pequeñas, medianas o grandes estructuras empresariales posibilitando que millones de personas encuentren un empleo digno. El dinamismo y la capacidad innovadora de los empresarios españoles se puso de manifiesto de manera extraordinaria durante la pandemia del Covid-19, suministrando el material sanitario necesario cuando las administraciones públicas no lo conseguían.
En lugar de reconocer el esfuerzo que empresarios y autónomos tienen que hacer diariamente para mantener la actividad y el empleo, se les vitupera, crítica y hasta amenaza. Quizás sea porque son ejemplos a seguir en los que precisamente no se ven reflejados los gestores públicos con poco o escaso bagaje laboral.
La cultura empresarial está muy arraigada en la sociedad española y ha contribuido al desarrollo socioeconómico de nuestro país, ya que, además de conseguir el éxito en sus tareas, destinan parte de sus recursos a mejorar la sociedad, contribuyendo a financiar y complementar la sanidad pública, la investigación, la cultura y la educación.
Sin embargo, vemos como la incertidumbre y la inestabilidad política que estamos padeciendo en los últimos años obstaculizan la actividad empresarial provocando que otros países se conviertan en fuertes competidores para nuestras empresas. El sector agrícola ya lleva años padeciendo esta competencia desleal sin sentir el apoyo necesario de las administraciones.
Las grandes empresas españolas de infraestructuras y servicios que han conseguido internacionalizarse no encuentran el necesario marco legal para poder seguir creciendo; mientras que las de otros países tienen el amparo de sus gobiernos. Es el caso reciente de Ferrovial, obligada a reestructurarse para poder seguir compitiendo en el mercado internacional por no tener las garantías necesarias en nuestro país.
Se ha optado por la descalificación y el acoso en vez de detectar las debilidades del sistema y reformarlo. Se ha generado un clima de desconfianza hacia el empresariado que poco o nada contribuye a la necesaria estabilidad jurídica y financiera para el crecimiento económico y la creación de empleo.
Es necesario recuperar la confianza para que los empresarios impulsen el empleo de calidad y reviertan a la sociedad parte de sus beneficios para garantizar el progreso de una nación. Los empresarios no son el enemigo, son necesarios para asegurar el futuro.
Miguel Ángel Cámara Botía
