sentencia del TRIBUNAL SUPREMO

Los convenios de la zona norte ya golpean las arcas de Murcia: el Ayuntamiento debe pagar 23 millones

13/01/2023 - 

MURCIA.  El Ayuntamiento de Murcia tendrá que pagar 23 millones de euros (19 más intereses) a la empresa urbanística Mamusa, con la que firmó en 2005 un convenio para construir unas 5.000 viviendas en la zona norte de la ciudad que no llegó a ejecutarse. Así lo han confirmado desde el equipo de Gobierno municipal.

La empresa había solicitado en 2015 resolver el convenio firmado durante el mandato de Miguel Ángel Cámara (PP) alegando causas sobrevenidas que impedían su cumplimiento, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia había anulado el plan especial para el desarrollo del ensanche norte de la ciudad que el Consistorio había aprobado en 2009.

Los concejales de Gestión Económica, Enrique Lorca, y de Urbanismo, Andrés Guerrero, han confirmado en un comunicado que la Justicia ha dado la razón a esa empresa, que reclamaba 19 millones por las inversiones que llevó a cabo, a los que hay que sumar 4 de intereses de demora.

Con la anulación, la construcción de las viviendas planteada en el convenio ya no era viable jurídicamente, por lo que la promotora reclamó que se le devolvieran las inversiones hechas en el entorno de Nueva Condomina y llevó el tema a los tribunales, que ya le habían dado la razón en noviembre de 2020.

El Tribunal Supremo ha avalado ahora esa decisión con una sentencia contra la que no caben más recursos y que para los ediles socialistas genera un importante "daño a los murcianos" del que "solo tiene culpa el exalcalde José Ballesta y sus concejales" .
Ahora, el equipo de Gobierno está trabajando junto con los técnicos municipales para "encontrar la solución que produzca el menor daño posible a los murcianos" y que evite que la "mala gestión" del anterior Ejecutivo local "hipoteque las arcas municipales para los próximos años".

Han pedido además a Ballesta que "dé explicaciones públicas lo antes posible" sobre estos convenios, porque la resolución del Supremo "lo inhabilita para ejercer cualquier cargo público, porque ahora tiene en su currículo ser el causante de la mayor crisis económica en la historia del municipio". 

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