CARTAGENA. A falta de dos semanas para que finalizara el pago voluntario del impuesto de tracción mecánica, el Ayuntamiento de Cartagena suspendía los plazos del pago de dicha, tasa -finalizaban el 31 de marzo- una vez que el Gobierno de España decretaba el Estado de Alarma.
De esta manera, los habitantes de Cartagena alargaban este periodo de abono hasta el 6 de julio, 15 días más tarde de que se levante definitivamente dicho estado. No obstante, los propietarios de vehículos del municipio se habían anticipado a abonarlo en el periodo voluntario y otros tantos lo han hecho durante todo este tiempo. Tanto es así, que cerca del 70% de los conductores ha pasado por caja.
Más del 72 por ciento de los cartageneros ha efectuado ya el pago, lo que ha supuesto unos ingresos de 8,5 millones de euros para las arcas municipales.
La concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, recordaba que "el periodo de pago voluntario del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica terminaba el 31 de marzo, pero decidimos dar a los ciudadanos dos semanas a partir del fin del Estado de Alarma, por lo que los periodos de pago van a prorrogarse tres meses sobre lo previsto".
Se han abonado 110.000 recibos de un total de 150.000; lo cual supone unos ingresos que rondan los 8,5 millones de euros sobre una recaudación total prevista de 12 millones de euros.
Nieto ha explicado que "este año se ha elevado hasta el 75% la bonificación del impuesto a los vehículos eléctricos, a los híbridos y los alimentados por ecocarburantes. Es el descuento máximo legal permitido y se aplica para ayudar a los ciudadanos que se deciden a circular con vehículos no contaminantes. Además, no pasan "sello" los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad, ni los vehículos y maquinaria agrícola y tampoco los vehículos destinados al transporte público o sanitario".
Por otro lado, las empresas que no hayan podido satisfacer este impuesto dentro del periodo voluntario podrán justificar ante el Organismo de Recaudación su situación de cierre o falta de liquidez durante el estado de alarma, para que la Administración valore medidas de ayuda.
