CARTAGENA. Tras la finalización este pasado Jueves Santo de las restricciones que desde el Gobierno se impusieron a las actividades no esenciales, este mismo lunes las carreteras de la Región han retomado cierta normalidad y así se ha podido ver sobre todo en el sector de vehículos pesados. Los camioneros que hasta este lunes permanecían en casa y no podían sacar su vehículo por dedicarse a sectores declarados como no esenciales, se han reactivado y han vuelto a su trabajo con relativa normalidad.
Así, cerca de 600 trabajadores dedicados al transporte de material para las obras y construcciones han regresado a la actividad. Son alrededor de cien las empresas en la Región que se dedican a este sector, según datos aportados por Froet (Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte), que aglutina casi al 90% de las que trabajan en Murcia.
Por otro lado, otras firmas que también han vuelto a la actividad son las 30 que se dedican a las mudanzas, que han vuelto al trabajo con sus 150 camiones. Alrededor de 750 transportistas vuelven a su trabajo, después del parón decretado por el Gobierno el pasado 29 de marzo.
De esta forma, se recupera el decreto inicial del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma debido a la pandemia del coronavirus. En dicho documento, se establecía qué actividades laborales podían seguir realizándose a pesar de la restricción de movimientos y el aislamiento social.
Son cerca de 20.000 los camiones que desarrollan su actividad en Murcia, de los que el 60% se dedican principalmente al transporte hortofrutícola, aunque hay un buen tanto por ciento de autónomos que amplían su espectro para distribuir todo tipo de mercancías, desde alimentación a suministros, por lo que han podido ir trabajando de forma intermitente estos días de parón de los sectores antes citados.
Mientras tanto, siguen aparcados en sus cocheras la gran mayoría de los vehículos dedicados al sector del transporte de viajeros por carretera, con el cese prácticamente total de actividad y de ingresos. Esto ha generado una enorme inquietud, tanto por el mantenimiento de los puestos de trabajo como por la viabilidad económica y continuidad de las propias compañías.
De ahí que desde Confebús (Confederación de Transporte en Autobús) se ha solicitado al Gobierno una serie de medidas urgentes que permitan garantizar los servicios esenciales y ayudar al mantenimiento y supervivencia del sector en su conjunto para facilitar su recuperación tras la crisis generada por el COVID-19. Las medidas solicitadas son las siguientes:
• Aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos de IRPF para todas las empresas de hasta 6 meses sin intereses, debiendo hacerse frente a dichos pagos en un plazo máximo de 24 meses.
• Transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza todos los años como subvención para el mantenimiento del transporte urbano (artículo 119 de la Ley 6/2018 de Presupuestos del Estado). La cantidad deseable sería la de una anualidad, pero dadas las restricciones económicas y solicitan al menos una parte. Esta transferencia debería constar como finalista para los operadores.
• Establecimiento directo de una línea de financiación que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés, para afrontar las necesidades del servicio público.
• En el caso de contratos de servicio público que se gestionan a riesgo y ventura, fundamentalmente en el ámbito interurbano, solicitan la modificación temporal del régimen económico para que el coste de prestación de los servicios sea asumido y compensado por las autoridades competentes, como medida extraordinaria hasta que se restablezca la movilidad.
