MURCIA. Esta mañana quería recordar algunos preceptos de nuestro ordenamiento jurídico español y por consecuencia a la firma de los tratados internacionales, la normativa europea a la que nos hemos comprometido a transponer y acoger como propia.
Y como hace ya años me decían mis maestros en la Universidad, los contratos son ley entre partes, y gracias a esta afirmación vigente en España desde 1889, las personas pueden hacer ley de sus pactos, sean o no personas físicas o jurídicas. Por qué debe venir otro a soslayar nuestros derechos si no contravienen sus pactos otras normas.
"¿por qué hoy EL Gobierno pretende que una empresa cotizada no pueda mover su sede social a otro estado miembro de la Unión?
Si algo hice bien en mi vida fue estudiar Derecho, pues ahora nadie puede decirme que las cosas son del derecho o del revés. Y es que, creo recordar que fue un Gobierno liderado por F. González quien hizo que formáramos parte de la Unión Europea, ya en el año 1985. Fue en aquel momento donde se decidió que las normas que dictara el conjunto de los Estados miembros serían aplicables en nuestra nación. Una de ellas fue el principio básico y fundacional de libertad de circulación en el Espacio Schengen, según se argumenta en el 45 del Tratado constituyente de Europa.
Es entonces que si la norma europea que aceptamos vía art. 94 de la Norma Suprema española, la Constitución, norma a la que todos los poderes dicen respetar, nos permite la libertad de movimientos y la libertad de empresa, ¿por qué hoy un Gobierno del mismo color pretende que una empresa cotizada no pueda mover su sede social a otro estado miembro de la Unión?
Podría pensarse que hay derechos de primera y de segunda, eureka. Se llaman derechos fundamentales, y vienen recogidos como tal en la norma constituyente, y uno de ellos es la libertad de residencia y circulación como derecho fundamental. Si bien es cierto que la libertad de empresa se detalla más adelante en el 38, y que el 16 de la norma europea adopta en el mismo sentido.
Y en este orden de cosas es obligación del Estado garantizar la seguridad jurídica dentro del ordenamiento. Vamos que no se cambien las reglas del juego a mitad de la partida (a ver si ya todos nos entendemos).
Puedo incluso entender al amparo de la libertad de ideología, el libre pensamiento que se pretende, en el que todos sin excepción tengan una vivienda, un salario, y que todo sea de todos, aunque sea una utopía comunista que fragua en partidos que hoy vemos están al borde de la desaparición. Pero, lo que no llego a entender es que las mismas normas que están vigente hace ya 134 años, como nuestro Código Civil, deje de estar vigente y por ende significar lo que en su día fue. Y no solo eso, sino que añado lo que mis profesores catedráticos me enseñaron, mejor que no legislen y varíen nuestro Código Civil, pues el legislador actual ve demasiado la televisión, y poco la doctrina y menos el estudio.
Y es que, a estos nuevos políticos, conocedores de la mentira y con una corta memoria, no histórica sino de su propia vida, en tanto en cuanto el actual Presidente de España ahora que presidirá el Consejo de la Unión Europea. Debiendo acatar la norma europea y respetar a las empresas ubicar su sede en un país miembro de la Unión, sin tener que fundamentar el cambio ni justificarlo.
Por qué nuestro Papá Estado debe darnos cobertura para tener sí o sí un sueldo sino trabajamos, o garantizarnos un chalet en Galapagar si nuestro sueldo no alcanza al pago de la suculenta hipoteca. Pero eso sí, que nadie pueda amedrentar a nuestros representantes elegidos en un sistema que democratiza los derechos, para buenos y malos, para jóvenes o viejos, para justos e injustos.
Jamás he pensado que el comunismo fuera malo, pero tampoco creo que el capitalismo fuera la mejor versión de la democracia, y por supuesto que no todos somos iguales, si no pregúntenle a nuestro ADN, a nuestro número de cuenta. Al color de nuestros cabellos, y es que, ahí sucede la riqueza en la diversidad, en el mestizaje, y en la libertad de que cada uno podamos ser diferentes y solo, únicamente solo iguales ante la ley.
Quizá, este motivo fue y ha sido mi "sino" para ser abogada. Conocer de cerca que no todos tenemos acceso a la misma justicia, a la misma riqueza y que la justicia material está limitada en la realidad que nos ha tocado vivir. En la que un gobierno envía misiva a una empresa cotizada que pretende cotizar en otra Bolsa económica, que supongo según sus propios intereses le sean más rentables por sus ubicaciones y desarrollos. Ya que seamos serios, la misión primera de una empresa es generar riqueza, y la de una ong, es dar un beneficio social. Otra cosa será que la interrelación entre ambas no solo sea permitida, sino necesaria, y enriquecedora al conjunto de la sociedad.
No quiero dejar de pensar que un día veremos llegar a una persona que con su coherencia y liderazgo nos lleve a un mejor puerto que nuestro actual lodazal político, social, económico y en que decir verdad sea no una hazaña, sino que sólo la mentira sea la afrenta a la que los líderes deban mirarse.
Ya saben que sigo pensando en la bondad del ser humano, pues cada día sigo descubriendo grandes empresarios que se mueven en entornos difíciles, internacionales de los que poder aprender y seguir remando a favor de aquello en lo que creo, la libertad de empresa.
Posdata: nunca a costa del medio ambiente, de las buenas personas y de otras lamentables circunstancias, de ahí la urgencia en el estudio profesional de una ley que sí resuelva las batallas de la actualidad.
Macarena Perona
Abogada Comunicadora
DIRCOM de CLERHP