Juanma Moreno (i) se reúne con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EPMADRID (EP). Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Murcia y Castilla y León son las siete comunidades autónomas que han anunciado nuevas tarifas autonómicas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ciertos tramos. Estas siete regiones suman en total más de 29,1 millones de habitantes, que podrían verse afectados por estas rebajas fiscales.
El último en anunciar una nueva rebaja fiscal en el IRPF ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha avanzado que su Ejecutivo continuará con su "senda propia" en política fiscal. En este contexto, ha anunciado que el IRPF, además de bajar del 9,4 al 9% en el tramo autonómico, sufrirá una nueva rebaja en rentas de hasta 35.000 euros con efectos desde el 1 de enero de 2022.
Esto servirá, según ha estimado, que cada gallego ahorrará una media de 450 euros, lo que se traduce en un total de 46 millones de euros. Todo ello se añade a otras disminuciones que ya estaban comprometidas para el IRPF: las familias con dos hijos menores de 25 años se equipararán a las numerosas, que tienen además "otras bonificaciones"; y el primer tramo de este tributo bajará del 9,4% al 9%, como ya prometió en mayo durante su discurso de investidura.
Pese a las críticas que han recibido estas rebajas fiscales por parte de algunos dirigentes socialistas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha avanzado este martes algunas de sus medidas de la reforma fiscal valenciana.
En concreto, la primera medida es aumentar en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los valencianos, "el máximo que permite la norma"; la segunda es una nueva tarifa autonómica del IRPF para 2022, con nuevos tramos adaptados a la inflación, y la tercera es la ampliación en un 10% de "todas las deducciones y bonificaciones fiscales".
Puig ha hecho hincapié en que estas medidas van dirigidas a los contribuyentes que cobran menos de 60.000 euros; es decir, 1,34 millones de valencianos y el 97,4% del total. Serán de aplicación en la declaración de la renta de 2022.
La deflactación del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros ha sido una de las propuestas estrella que lleva reclamando el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, desde el mes de abril. Precisamente, el presidente del PP sigue insistiendo a Sánchez para que lleve a cabo esta medida.
Así, varias autonomías gobernadas por los 'populares', como Galicia, Madrid, Andalucía o Murcia, ya han anunciado su intención de deflactar el IRPF en mayor o menor medida, mientras que en el caso de la Comunidad Valenciana lo ha hecho para los contribuyentes con rentas inferiores a 60.000 euros.
También el País Vasco, en el que el PNV comparte Gobierno con el PSOE de Euskadi, ha adelantado que volverá, como hiciera en julio, a deflactar todos los tramos de la tarifa del IRPF. Esto, sumado a la que se hizo a principios de año, de un 1,5%, supondrá una deflactación total del 5,5% para 2023.
En Andalucía, la deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF en un 4,3% afectará a todos los contribuyentes, aunque beneficiará de manera especial al 82% que tributa dentro de dichos tres primeros tramos. La medida entra en vigor con efecto retroactivo a 1 de enero de 2022, con lo que se reflejará en la declaración del IRPF que se presente el próximo ejercicio.
La Junta justifica la deflactación para evitar que un incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente y para mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas.
También se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF por considerar que esa parte de la renta, destinada a atender las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a consecuencia de la inflación.
Mientras, la Comunidad de Madrid ha anunciado que deflactará un 4,1% los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, con el objetivo de que surta efectos en la Declaración de la Renta de los madrileños.
El objetivo de este adelanto, que estaba previsto que entrara en vigor en 2023, es que las familias puedan disponer de "mayores recursos con los que hacer frente a la alta inflación y la subida de precios de la energía, carburantes o alimentos".
Una vez que se apruebe este mismo año, se sumará a la rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del impuesto validado por la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y que supondrá un ahorro estimado de más de 300 millones de euros.
En el caso de Murcia, el Ejecutivo liderado por Fernando López Miras ha aprobado ya por decreto ley la rebaja de los cuatro primeros tramos autonómicos del IRPF en un 4,1%, medida con la que prevé beneficiar a 330.000 murcianos logrando un ahorro total estimado de entre 8,5 y 10 millones de euros.
Esta deflactación afectará al 96% de los obligados a presentar la declaración de la Renta, según prevé el Gobierno de la Región de Murcia.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley de rebajas tributarias en la Comunidad, que permitirá la bajada del primer tramo del IRPF en un 5,3 por ciento.
En concreto, el proyecto permitirá disminuir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a todos los contribuyentes castellanos y leoneses, rebajando ya en 2022 la tarifa autonómica en el tramo más bajo. De esta manera se reduce medio punto el primer tramo de la escala autonómica aplicable a la base liquidable general del IRPF, pasando del 9,5 por ciento al 9 por ciento, lo que supone una rebaja del 5,3 por ciento.
Mientras, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha admitido este martes la "posibilidad" de que se pueda cambiar la fiscalidad en su comunidad autónoma si los cuatro partidos que forman el Gobierno están de acuerdo.
Javier Lambán ha recordado que, en el pacto de su investidura, el cuatripartito -PSOE, PAR, CHA y Podemos- acordó que no se movería la política fiscal "ni para arriba ni para abajo".
