La Comunidad ha impuesto sanciones por 5,6 millones de euros, la mayoría por irregularidades en la prevención de riesgos
MURCIA. La inspección en materia laboral en la Comunidad ha conseguido este año que 5.648 contratos temporales pasen a ser fijos, tras la revisión de un total de 27.158 vínculos de este tipo entre trabajadores y empresas. De forma que en uno de cada cinco contratos temporales se han apreciado infracciones y han visto modificada su naturaleza para convertirse en indefinidos (concretamente el 20,7%).
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, presidió la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo, que coordina a la Comunidad y a la Administración central, y que ha planificado la actuación inspectora de cara a 2020. Además, la comisión hizo balance de las principales cifras de la Inspección durante 2019, que reflejan sanciones por valor de 5,6 millones de euros (1,7 en materia de contratos y 3,9 por irregularidades relacionadas con la prevención de riesgos laborales).
Motas subrayó que "la conversión de contratos temporales en indefinidos beneficia a trabajadores con nombres y apellidos que hoy cuentan con un empleo más estable y completamente adaptado a la legalidad". Asimismo, destacó que "ha descendido notablemente la proporción de esos contratos temporales modificados tras la inspección, y eso es sinónimo de más rigor por parte de los empresarios".
Así, la cifra de contratos temporales que en 2018 pasaron a indefinidos una vez examinados fue del 50,3 por ciento, es decir, 30 puntos más (se inspeccionaron 22.575, y 11.363 se convirtieron en indefinidos). Mientras que en 2019 ha caído significativamente el volumen de contratos temporales que presentaban irregularidades.
En total, en materia de contratos se han detectado este año 673 infracciones, se propusieron sanciones por valor de 1,7 millones de euros y se formularon 585 requerimientos. La mayoría de infracciones (el 32,6%) se debía a incumplimiento de la normativa sobre contratos de trabajo, mientras que otras causas fueron la superación del tiempo de trabajo y de horas extraordinarias (el 30,6%); el impago o retraso de pago de salarios (el 18,7%), o la cesión ilegal de trabajadores (6%).
En base a la planificación acordada con la Consejería, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia ha provocado que de un total de 928 contratos parciales analizados este año, 483 vieran modificado su porcentaje de parcialidad (el 52% de los mismos). Igualmente, se han revisado 161 contratos de formación y aprendizaje y se han apreciado 22 infracciones (13,6%).
Por lo que respecta a la economía irregular, las inspecciones han permitido que 2.417 trabajadores pasen a estar incluidos de manera reglada dentro del sistema. En esta cifra se engloban las 745 actas de infracción por falta de alta de otros tantos trabajadores; las 1.166 altas en las Seguridad Social de trabajadores no registrados en el sistema; el afloramiento de 260 empleos irregulares; los 149 trabajadores extranjeros que prestaban servicios sin permiso de trabajo, y la detección de 97 perceptores de prestaciones incompatibles con el trabajo por cuenta ajena.
Así, la tasa de eficacia en economía irregular, es decir, el número de irregularidades por cada cien visitas realizadas, se ha situado en el 28,1%, ligeramente inferior al año anterior. Por sectores, los más significativos por tasa de eficacia son la construcción (28,1%), la hostelería (24,4%) y la agricultura (2%).
En cuanto al área de la prevención de riesgos laborales, se detectaron 1.325 infracciones, con sanciones de 3,9 millones de euros. De ellas, la mayoría se correspondían con evaluaciones de riesgos deficientes, seguidas de las relacionadas con la formación, las referentes a máquinas y equipos de trabajo, las de vigilancia de la salud laboral y, finalmente, las vinculadas a las condiciones de seguridad del centro de trabajo. Igualmente, se investigaron un total de 329 accidentes de trabajo (138 graves y mortales y 191 leves).
Finalmente, este año se han practicado expedientes liquidatorios a la Seguridad Social por valor de 29,6 millones de euros, de los que 6,5 fueron recaudaciones inducidas, es decir, dinero realmente ingresado en las arcas de la Seguridad Social. En este campo se detectaron infracciones como la compatibilización inadecuada de las prestaciones de incapacidad, maternidad o jubilación con el trabajo por cuenta ajena.
