CARTAGENA. Hasta el pasado 14 de mayo el número expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en la Región era de 14.338 que afectaban a un total de 77.085 trabajadores y trabajadoras de toda la provincia, tal y como aparece en el documento anexo de Evolución de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, de la Consejería de Empleo.
La lentitud en el proceso de pago ha provocado que sean un elevadísimo porcentaje los que aún no han recibido su dinero de marzo y de abril: un mes y medio de trabajo sin cobrar lo que es el sustento de miles de familias y que sigue en un limbo del que ni empresas, ni asesorías ni, por supuesto, los propios trabajadores y trabajadoras saben su final.
Las diferentes confederaciones de empresarios de la Región han advertido de la gravedad de la situación y además están viendo cómo sus trabajadores empiezan a pasarlo mal ante la falta de dinero para hacer frente a la multitud de pagos y compromisos diarios a los que una familia se tiene que enfrentar. "Hay muchos empresarios que reciben la llamada de sus trabajadores angustiados por no haber cobrado aún el dinero de los ERTE. Es verdad que saben que no son los empresarios los que tienen que pagar y que además sus expedientes están ya gestionados, pero la responsabilidad de un empresario es mucho mayor con sus empleados", dice Antonio García, presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, (Ceclor), quien añade que "algunos están adelantando la paga extra de julio para que puedan vivir, porque no llegan de ninguna otra forma", aclara con cierta dosis de desesperación por la falta de claridad y diligencia en estos momentos.
"La situación es catastrófica", apostilla Ana Correa, presidenta de la patronal cartagenera. "Y encima se demoniza a los empresarios", añade la mandataria. No hay que ser muy observador para saber que la situación de las empresas no es boyante "pero aún así hay muchos empresarios que están asumiendo una responsabilidad para con sus trabajadores que le corresponde a otras instituciones", dice Correa.
"Somos conscientes de que esto no es algo que nos pase solo a nosotros aquí, en Torre Pacheco", dice Julián Atabasca, de Coec Torre Pacheco, pero "el poco ánimo que existe no es ni mucho menos bueno. Las empresas están cerradas, pero los trabajadores continúan en una situación precaria y si los empresarios no ven agilizadas cuanto antes las ayudas, esto será insostenible", aclara Atabasca.
"Saben que no tenemos responsabilidad en la aprobación de los ERTE y su pago, pero hay un grave problema de comunicación con las autoridades laborales, porque nadie responde a las demandas de los trabajadores para saber cuándo y cómo cobrarán sus prestaciones. Desde el Sepe no existe información alguna con los agentes sociales", dice Antonio García, de Ceclor. "Lo mismo es un problema de tesorería o de cualquier otra gestión que se ha hecho, pero se desconoce su resolución, si está bien o no, porque nadie nos informa", subraya.
Los tres representantes del sector empresarial de la Región añaden un dato más a esta salsa avinagrada y se trata de los créditos que concede el ICO a los empresarios. Si bien destacan que es una iniciativa que se puso en marcha muy pronto, estas expectativas iniciales se han tornado en incertidumbre y angustia ante la diligencia en sus concesiones. "Es el banco el que decide conceder o no estos préstamos, y está resolviendo relativamente rápido, pero el principal problema es que son muchos los aprobados y no abonados", añade García.
"La liquidez la necesitan ahora las empresas", apostilla Atabasca. "Ahora se ha puesto en marcha otro paquete de ayudas de la Comunidad Autónoma para el turismo y necesitamos agilidad en la tramitación de todas los créditos o ayudas disponibles", esgrime, para apostillar que "hay empresarios que me han trasladado su preocupación por un posible repunte de la Covid-19. Como ocurra, no aguantarán el tirón", dice el presidente de Coec Torre Pacheco.
Mientras tanto, el Estado ha dado el visto bueno a un nuevo tramo de 20.000 millones se dirigirá en su totalidad a facilitar liquidez a autónomos y pymes. Se trata de la cuarta línea de garantías públicas que aprueba el Ejecutivo, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones de euros sobre el total de 100.000 millones de euros dispuestos, de los que 60.000 millones (siete de cada diez millones otorgados) se han reservado para autónomos y pymes.
El trabajo desde la patronal de los empresarios es incesante, son muchas preguntas sin respuesta todavía, demasiados trámites que no acaban de resolverse por falta de claridad. "Estos dos meses hemos tenido más llamadas de nuestros asociados para resolver dudas o aclarar las intepretaciones de decretos y órdenes ministeriales que cuando el terremoto de Lorca", dice el presidente de Ceclor, que, como todos los empresarios, sigue sin ver la luz de este prolongado túnel.
