MURCIA. Por el campo que no sea. Los ingenieros agrónomos, responsables de producción de las empresas asociadas a Proexport, están impulsando en sus respectivas explotaciones la ejecución de las medidas de Protección Integral del Mar Menor, recogidas en el Decreto Ley 2/2019.
En un encuentro celebrado este jueves en Murcia, el director de Proexport, Fernando P. Gómez, ha señalado que, a pesar de las dificultades técnicas para aplicarla en campo, “queremos ser la locomotora en la implantación de esta legislación y de todas aquellas medidas de sostenibilidad que contribuyan a que la agricultura de la Región de Murcia sea la más avanzada en la protección del entorno en zonas vulnerables como la del Campo de Cartagena”.
Así lo ha destacado la ingeniera agrónoma responsable de Medio Ambiente de Proexport, María Dolores Molina Cano. “Estamos muy comprometidos en facilitar a nuestras empresas el cumplimiento del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, razón por la que hemos organizado esta mesa técnica de trabajo, en la que más de cuarenta responsables de Producción han abordado junto a los técnicos de la Consejería de Agricultura todas las casuísticas que se presentan a la hora de poder dar cumplimiento a las medidas que se contemplan en la normativa”.
También ha resaltado la complejidad de esta legislación el técnico de la Consejería, Pedro Fernandez, para quien su aplicación convertirá a la agricultura murciana en la más exigente en temas medioambientales tanto a nivel nacional como europeo, ya que hasta hoy no se ha desarrollado ninguna legislación similar en ninguna otra zona de producción agrícola.
Las directrices técnicas para la implantación de estructuras vegetales y otras superficies destinadas al control de escorrentías ha sido uno de los asuntos analizados.
Asimismo se han abordado las duras limitaciones del uso de materiales de abonado y las relativas al riego, ciclos de cultivo, laboreo del suelo y su erosión. Otras cuestiones debatidas han sido las estructuras de recogida de agua de lluvia en invernaderos y la aplicación obligatoria del Programa de Actuación y el Código de Buenas Prácticas Agrícolas.
Todas las medidas han sido analizadas exclusivamente con criterios técnicos agronómicos, solventándose por parte de los funcionarios de la Consejería las distintas dudas planteadas por los más de cuarenta asistentes.
