MURCIA. Los okupas no dan tregua ni en estos tiempos marcados por el coronavirus. Las posibilidades de conseguir que abandonen una vivienda una vez que entran en ella puede derivar en años de litigio judicial con un periodo de tensión que marca a los propietarios y a los vecinos. Y en la Región de Murcia han aumentado en un año un 19,72% esos litigios debido al incremento de ocupaciones ilegales.
Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han seguido creciendo en lo que va de 2020 en la comunidad, pese a la situación de confinamiento que se estableció desde el 14 de marzo hasta mediados de mayo. Con 176 casos probados de ocupación de pisos desde el 1 de enero al 30 de junio de este año, lo que suponen 29 demandas más que un año antes, cuando se denunciaron 147.
Aunque estos datos colocan a la Región de Murcia como la segunda región donde más han aumentado las denuncias, después de Galicia, donde los litigios judiciales han crecido un 33,9%, según datos del Ministerio del Interior, la mitad de las denuncias por presuntos delitos de usurpación de vivienda en el país se concentran en Cataluña, con 3.611 casos, unos 500 más que hace un año.
Después de Cataluña aparecen Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, siguiendo un orden coherente con su número de habitantes. Si se considera esta variable, Cataluña sigue en cabeza, con 47 casos por cada 100.000 personas. A continuación, Castilla-La Mancha, con 14,5, y Canarias, con 14,4. En total hay diez comunidades donde descendieron las ocupaciones ilegales detectadas respecto a julio del 2019, llegando a caer en un 42 % en Navarra. Eso sí, en los últimos cinco años, solo Madrid logró reducir este número.
Para paliar la grave situación que muchas veces supone la presencia de 'okupas' para los propietarios y para la convivencia vecinal en los edificios, calles o poblaciones enteras donde se producen estos asaltos a viviendas, se llegan a tomar medidas de diversa índole, como la que llevó a cabo el pedáneo de Beniaján.
En Archena, su alcaldesa, Patricia Fernández, ha remitido una carta al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, en la que reclama que ambas instituciones públicas trabajen de manera coordinadora para "poner freno" a la ocupación ilegal de viviendas.
Y es que consciente de que los okupas empiezan a ser un problema en su municipio, Fernández ha instado a Vélez a dar "una respuesta rápida, inmediata y efectiva" a este tipo de situaciones, al tiempo que ha destacado la necesidad de impulsar leyes estatales que "protejan la propiedad privada y eviten estos polémicos sucesos".
Lo cierto es que los índices de ocupación de viviendas no paran de crecer en la Región y en muchas localidades el 'fenómeno okupa' ya empieza a ser un problema que transciende lo puramente económico y devenga en situaciones de violencia y una convivencia que generan una tensión extrema.