Foto: E. PARRA/EPMADRID (EP). La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha pedido al Gobierno nuevas medidas adicionales a las ya aprobadas para contener el impacto que el alza de las materias primas está teniendo en el sector.
La patronal ha señalado que la respuesta que dio el Ejecutivo --revisiones de hasta el 20% del presupuesto de obra si algunos materiales registraban un aumento superior al 5%--, "no es suficiente", ya que se omitía la revisión del término de la energía y excluía "a la práctica totalidad de contratos formalizados en 2021".
"Debido a que esta situación, lejos de resolverse, se ha agravado en el primer trimestre de 2022, por lo que harán falta medidas adicionales para incorporar a los contratos formalizados a partir de 2021", ha señalado el presidente de Seopan, Julián Núñez, en un encuentro con la prensa.
Además, el presupuesto no ejecutado por el Estado se elevó el año pasado a 3.683 millones de euros en obras sin ejecutar entre los dos grandes ministerios inversores (Transportes y Transición Ecológica) y la contratación pública por concesiones se mantuvo prácticamente inexistente, con solo 490 millones de euros.
Asimismo, por primera vez desde el inicio de la serie estadística en 2014, la producción de las compañías adscritas a Seopan para clientes privados representó más que la demandada por las Administraciones Públicas, en concreto un 55% de la producción total, que aumentó un 6,6%, hasta 6.473 millones de euros.
Por otro lado, las restricciones a la movilidad que duraron hasta el 9 de mayo del 2021 supusieron en el periodo 2020-2021 pérdidas de tráfico del 25,6% en concesiones de autopistas y del 17,4% en autovías de primera generación.
En cualquier caso, la licitación pública logró superar en un 23% los datos anteriores a la pandemia, hasta alcanzar los 23.647 millones de euros, y la contratación en un 3,5%, también respecto a 2019.
Considerando un escenario de actividad no afectado por la crisis de suministros, Seopan estima un crecimiento de la actividad para este año del 3,9%, dependiendo de la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar los precios.
Sin embargo, la industria electrointensiva, sobre todo la de acero y cemento, principales materias para la construcción, ya ha paralizado en parte su actividad al no poder hacer frente a los precios de la electricidad. Si esta industria no se reactivase durante un periodo de un mes, la actividad constructora caería un 3,8% respecto a 2021.
Respecto al plan del Gobierno para estudiar la introducción de peajes en las autovías a partir de 2024, Núñez precisa que no se trata de que los 2.000 millones de euros que ahora paga el Estado por el sistema de carreteras pasen a pagarlo los usuarios, sino que suponga un cambio radical del modelo que aporte un beneficio para los ciudadanos.
Para ello, estima que se necesitarán más de 5.000 millones de euros en inversiones para mejorar la seguridad en la circulación, instalar electrolineras cada 50 kilómetros con un mínimo de 12 puestos de recarga, digitalizar y conectar la red, reducir el ruido, optimizar la luz o construir áreas de descaso seguras para camioneros.
Con todo ello, además de hacer más cómodos y seguros los trayectos, el presidente de Seopan defiende que un trayecto en esas condiciones y con el pago de un peaje sería más barato que hacerlo actualmente sin peajes y con un coche de combustión.
Núñez descarta que el pago se haga por medio de las llamadas viñetas, ya que se parecería más a un impuesto, sino que aboga por gravar la circulación y, en concreto, por la distancia recorrida.
