MURCIA. El legaltech se refiere al uso de tecnología para proporcionar servicios legales que tanto atañen a la transformación digital de la abogacía como a la de los procesos. Teniendo en cuenta que se mueve en un área bastante conservadora, son las startups las principales artífices de la transformación del sector, bien aportando soluciones adaptables a los grandes players, bien creando su propia empresa desde una perspectiva nueva.
Según la consultora Legaltechies, España contaba en 2019 con 142 startups legaltech repartidas principalmente entre Barcelona, Madrid y Valencia. Entre las que han proporcionado una herramienta de gran utilidad para la industria legal destacan, por ejemplo, Signaturit una de las startups nacionales de mayor crecimiento. Con un servicio de firma electrónica, la startup nacida en 2013 facilita el envío, la firma y la gestión de contratos mediante su software de transacciones digitales y servicios de confianza. Con sedes en Barcelona, Valencia y París, la empresa creció más de un 200% durante la crisis del Covid y está participada por Providence Strategic Growth.
También Councilbox es una de las startups que tuvieron la oportunidad de ponerse en valor durante la pandemia. Con una tecnología basada en el blockchain, Councilbox proporciona validez legal a cualquier proceso de votación que se celebre de forma remota. Fundada en 2015 en Galicia por Víctor López y Agustín Tourón, ahora es Javier Polo quien ejerce de director ejecutivo con la ambición de triplicar los resultados de la empresa en 2022.
Además de validar íntegramente la legalidad de los procesos de votación a distancia, Councilbox se revela también como solución de gran utilidad para la prestación de determinados servicios online de las Administraciones Públicas de cara a los ciudadanos. Un nuevo caso de uso que propició un contrato de 3M de euros de la startup con el Ministerio de Justicia así como con otras instituciones públicas para la realización de trámites vía telemática. Entre sus clientes, se encuentran también algunos de la talla del Comité Olímpico español o la plataforma online Booking.
Por otro lado, aunque TheLogicValue se enmarque dentro del Fintech, esta startup valenciana especializada en el desarrollo asesores financieros virtuales ayuda a las entidades aseguradoras y bancarias a automatizar procesos y digitalizar servicios ajustándose a los requisitos legales. Su solución se ajusta al cumplimiento de Normas como la del MiFID II la cual vela por los derechos de los inversores y obliga a las personas que prestan asesoramiento -comerciales, banqueros personales, privados o directores de oficina- a asegurarse de que la información que transmiten a los clientes para la venta de un nuevo producto financiero es entendida por los mismos.
Pero no todas las soluciones creadas por las startups se orientan a acompañar a las empresas legales en su camino a la modernización. Las hay también que nacen con una proyección más ambiciosa y dispuestas a posicionarse en la industria como un nuevo actor a tener en cuenta.
Es el caso de Reclamador, una plataforma que presta servicios legales online y cobra a éxito. “Yo creo que lo que aportamos es una visión no legal al mercado. Al cliente se lo ponemos fácil, somos transparentes, les traducimos a cristiano lo que no entienden y gestionamos bien las expectativas y todo lo hacen desde el ordenador” declaraba Pablo Rabanal, CEO e impulsor de la compañía.
Aunque algunos profesionales acusaron a Reclamador en sus comienzos de reventar el mercado, lo cierto es que le han seguido unas cuantas propuestas similares como la valenciana Winu, con el foco puesto en las reclamaciones extrajudiciales y judiciales a éxito contra bancos y aseguradoras, o la bilbaína Reclama por mi, especializada en reclamaciones de consumidores.
También ChangeTheBlock se erige como una solución que revoluciona el trabajo de los abogados. Esta startup madrileña ha diseñado la primera plataforma de smart contracts para que los despachos de abogados puedan automatizar algunos de sus contratos con clientes (o una cláusula de los mismos) y además firmar electrónicamente utilizando la tecnología blockchain. La empresa ha recibido distintos reconocimientos, uno de ellos proclamarse subcampeona del programa Blockchers de la Unión Europea, en el marco del Horizonte 2020.
La tecnología jurídica también empieza a calar en los grandes grupos creando sus propias aceleradoras de startups. Cuatrecasas Acelera fue la primera aceleradora de startups en Europa impulsada por un bufete de abogados. Por sus instalaciones han pasado proyectos como el de Councibox o Legaliboo, un servicio online que, gracias a técnicas de Inteligencia Artificial, permite general de forma inmediata y personalizada el contrato o documento legal que se necesita.
También el grupo asegurador DAS ha lanzado este año DAS Innovation Lab, la primera aceleradora de startups LegalTech del sector asegurador que nace de la mano de AtticoLab. Entre las cinco startups que han conseguido entrar a formar parte de su primer programa se encuentran Save Autónomos, con seguros específicos para este colectivo laboralm o Reclamaclick.
En LegalShelter también afirman ser “la primera” incubadora de empresas Legaltech de España que busca ofrecer una plataforma para ayudar el desarrollo tecnológico del sector jurídico en nuestro país. El proyecto surge de la alianza entre Alariam y EMC Software Jurídico, aunque todavía no se ha integrado ningún proyecto.
Otra que se suma a la caza de startups es Lefebvre Sarrut que ha lanzado LightSpeed, “la primera aceleradora europea de startups centradas en cuestiones legales y jurídicas del mundo”. En total, la primera edición de LightSpeed va a acelerar a 8 startups repartidas entre Francia, España, Países Bajos, Italia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo. En el caso de España, la startup seleccionada fue Brickken, fundada por Edwin Mata. Se trata de una plataforma de tokenización de blockchain que ofrece a los inversores nuevas oportunidades para generar ingresos pasivos.
