MURCIA (EFE). La Asociación SOS Hostelería, organización que agrupa a autónomos y empresarios del sector, ha mostrado su "sorpresa e indignación" ante la autorización del Gobierno a que la ONCE lance y comercialice el juego RascaLink, mientras se restringen las máquinas recreativas en los bares.
Según explica esta organización en un comunicado, el referido juego es "en línea pero presencial, al que se accede mediante un código QR. Es altamente adictivo –como todos los rascas–, entrega premios de hasta 100.000 euros y puede adquirirse en la puerta de un colegio o en una oficina de la administración pública".
Para la organización que defiende los intereses de los cerca de 277.000 establecimientos de hostelería que hay en España, existe "un agravio comparativo entre el trato que recibe la ONCE por parte de las autoridades y el que se da al mundo de la hostelería".
En este sentido, citan a diversas asociaciones de jugadores de azar rehabilitados que advierten contra la adicción que producen los "rascas" por su inmediatez en el premio.
"Estas mismas asociaciones denunciaron ya en 2019 la falta de control de la administración sobre la venta de rascas y el riesgo que supone desde la perspectiva de las adicciones un juego inmediato y de elevada remuneración", exponen los hosteleros.
"El rasca ofrece premios 200 veces superiores a una máquina de hostelería, motivo por el cual SOS Hostelería considera aberrante que se ofrezca un premio de hasta 100.000 euros por una apuesta de 2 euros", añaden.
En palabras de Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería, “los RascaLink se pueden comprar de forma anónima y sin ningún tipo de control o registro mientras que hay que pasar un control y registrarse para acceder a un salón, que paga más impuestos y tiene premios mucho menores. Solo pedimos al Gobierno que la ONCE compita en las mismas condiciones que el sector de la hostelería”.
Por otra parte, los hosteleros advierten del hecho de que "han aparecido infinidad de vídeos en internet de 'influencers' promocionando RascaLink una vez se ha iniciado su comercialización".
“Creemos que el Gobierno debe investigar quién está financiando y promoviendo estos vídeos, así como si estos se ajustan a la legislación que regula la publicidad del juego online”, afirman desde la organización.