CARTAGENA. Hace seis años que el Estado vendía al Perpetuo Socorro la Cárcel de San Antón por 563.500 euros. Desde 2017 los vecinos no han dejado de luchar para que la cárcel cartagenera no quede condenada al olvido de las administraciones y no sea una institución privada la que haga un uso particular de la misma. Por ello, tanto la plataforma La Cárcel No se Vende, como los diferentes grupos municipales de Cartagena han tratado de impedir que la empresa sanitaria utilizase este espacio bien como ampliación o aparcamiento de sus instalaciones. Ahora, el inmueble ha cambiado de propietario, por lo que el asunto se retuerce un poco más. Isen el centro de enseñanza ubicado a la entrada del barrio de la Concepción, ha adquirido este espacio por 1,1 millones de euros, tal y como informaba el diario La Verdad. Parece, por tanto, que las pretensiones de adquirirlo por el propio Ayuntamiento, tal y como manifestaron en el Pleno de ayer, pueden ser simplemente un brindis al sol, tras una operación ya culminada.
La última noticia que se encontraron desde la plataforma hace unos días fue la Sentencia del TSJ de la Región de Murcia mediante la que se comunica la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento y, por tanto, después de años intentado proteger la cárcel, "se da vía libre al propietario para derribar y construir", explicaba la concejala de Podemos, Leli García ayer en el Pleno municipal. La situación actual, tal y como se refleja en la Sentencia es la siguiente: los elementos protegidos de la antigua Cárcel de San Antón son el pabellón de oficinas con el jardín de acceso de vehículos, el muro exterior perimetral y las cinco garitas; pero no está protegido el pabellón central.
El Ayuntamiento ha decidido mantener una reunión de forma urgente y extraordinaria con los vecinos y vecinas de la plataforma, que estuvieron presentes entre el público al Pleno, para comunicarles las medidas o acciones pertinentes que se pueden llevar a cabo, incluida la compra del inmueble a su propietario actual, para conseguir el objetivo de recuperación de La Cárcel de San Antón para la ciudadanía cartagenera. Entre estas medidas, el Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSJ -tiene hasta el 29 de mayo- y que los servicios jurídicos estudian la fórmula para no encontrarse con un nuevo revés judicial.
Este pasado jueves era Podemos quien elevó al Pleno la moción, que finalmente fue aprobada, pero el debate sirvió, para que algunas de las partes implicadas se dieran "golpes en el pecho", como dijeron tanto la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, mencionando a la proponente, Leli García, o Jesús Giménez Gallo, en referencia, en esta ocasión a la propia Castejón, respecto a quién había hecho más o menos para conseguir que la cárcel no acabe en manos de otros que no sean los propios vecinos.
La realidad es que unos y otros tienen parte de razón en sus argumentos y su protagonismo. El propio partido cartagenerista visitó el inmueble e incluso pidió precio al Estado para adquirirla, algo que finalmente sí que hizo el Perpetuo Socorro. Por tal motivo, MC Cartagena ese mismo año y una vez comuniacada la venta solicitó, junto con Cartagena Sí Se Puede a la Dirección General de Bienes Culturales la incoación del procedimiento de Bien de Interés Cultural y de Bien Inventariado, en un intento de evitar su derribo, algo que consiguió por parte de la DGBC un mes más tarde.
Los propietarios pidieron una licencia a Urbanismo para tirar la cárcel en su totalidad. El objetivo era ampliar servicios clínicos y camas dependientes de su contiguo hospital de la calle Sebastián Feringán y construir un aparcamiento. Los informes 'contradictorios' de la Dirección General de Bienes Culturales hicieron que el Ayuntamiento se opusiera a la concesión de dicha licencia, ya que los mismos indicaban que parte de la cárcel debía estar protegida.
Ante esta negativa municipal, la empresa presentó en 2019 una querella por prevaricación continuada contra la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ---tal y como recordaba la actual vicealcaldesa este jueves en el Pleno-, por llevar más de dos años sin conceder la licencia municipal de derribo de la cárcel, pidiendo 700.000 euros de compensación y una inhabilitación para cargo público de hasta 15 años. El juzgado de Instrucción 1 de Cartagena indicó a finales de 2019 que la alcaldesa no cometió un presunto delito de prevaricación administrativa, sino que además actuó al amparo de una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y con el objetivo de evitar un "daño irreparable", mientras la Comunidad Autónoma decidía si declaraba protegido todo el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC). El Hospital Perpetuo Socorro cambió de estrategia y decidió pedir licencia de demolición de aquellos elementos que ni el juzgado ni la dirección general consideraban que no está protegidos.
El Ayuntamiento paralizó el derribo al considerar que no han cumplido los límites que se fijaban en la licencia para la demolición del muro exterior en el que han abierto un acceso. Debían hacer un hueco de tan solo 4,50 metros de altura "y no lo han respetado porque han demolido el muro en su altura total. Por este motivo, hemos paralizado las obras, les pondremos la correspondiente sanción y lo hemos notificado a la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM", una situación que, a día de hoy, ha sido revertida por el TSJ.
De esta manera, el litigio continúa mientras desde MC Cartagena se dejaba entrever que el inmueble podría estar a día de hoy en manos de otra empresa, en este caso de una mercantil que se dedica a la enseñanza, tal y como se ha confirmado de forma oficiosa en este medio regional.
La Prisión de San Antón, en Cartagena, fue construida entre 1935 y 1936 por Vicente Agustí Elguero, arquitecto de la Dirección General de Prisiones. Desde 1936 hasta 2002 funcionó como centro de reclusión para presos comunes y político-sociales. En 2002 se convierte en Centro de Acogida de presos con régimen abierto de tercer grado y como tal funcionó hasta junio de 2010.
Por otro lado, el Pleno aprobaba la modificación del presupuesto de 2023, con el objeto de aplicar los 3.380.136,31 euros del remanente positivo de Tesorería del ejercicio del pasado año 2022 a la atención del aumento del gasto de las facturas eléctricas municipales, derivado de la subida de las tarifas.
Este punto, incluido en el orden del día tras haber pasado por Comisión de Hacienda, ha salido adelante con los votos a favor de los ediles del gobierno, y la abstención de MC Cartagena, Vox y Unidas Podemos IU-Verdes Equo.
En esta línea, y con respecto a la modificación presupuestaria para aplicar los ingresos extraordinarios obtenidos del cobro de intereses de demora, por importe de 1.951.014,62 euros, a gastos que no se pueden aplazar hasta el ejercicio siguiente, también se ha aprobado, en este caso con los votos a favor de los ediles del PP y Ciudadanos, y la abstención de los concejales no adscritos, MC Cartagena, Vox y Unidas Podemos IU-Verdes Equo.
Los gastos a los que se destinarán estos ingresos extraordinarios son los relativos al pago del incremento del suministro de gas, tributos estatales, Intereses de demora y energía eléctrica, entre otras.
Por otro lado, también se ha dado luz verde a la finalización del expediente para el cambio de nombre calle Millán Astray por el de calle Alegría, en Santa Ana, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
La iniciativa incluida también en el orden del día del pleno, ha obtenido los votos a favor de Unidas Podemos IU-Verdes Equo y los concejales no adscritos, en contra de Vox y la abstención de los ediles del PP.
El dictamen supone la retirada del nombre de Millán Astray por su implicación en la sublevación militar de 1936, según el dictamen de la Comisión Técnica Municipal de la Memoria Histórica, resolviendo las alegaciones presentadas por parte de la Plataforma Patriótica Millán Astray y la Asociación de la Memoria Histórica.
El pleno ha dado luz verde a la iniciativa presentada por la edil de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aroha Nicolás, para instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a poner en marcha la creación de corredores biológicos para disminuir el riesgo de accidentes para animales, y al gobierno local, junto con las autoridades competentes, a realizar un mapeo de cuáles son los puntos críticos de accidentes tráfico con animales.
La moción ha contado con los votos a favor del gobierno, MC y Unidas Podemos IU-Verdes Equo, y la abstención del concejal Gonzalo Abad.
Aprobada por unanimidad la iniciativa llevada al pleno por la concejal de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aroha Nicolás, instando al IMAS a solucionar la situación que atraviesan los centros de día del municipio que prestan servicios a mayores y que, desde el mes de abril en que quebró la empresa de seguridad que se encarga de la vigilancia, cierran los domingos dejando a cientos de mayores sin poder realizar sus actividades.
