La UCAM trasladará su domicilio fiscal a Madrid tras la sanción de Hacienda

MURCIA (EFE). La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) trasladará en unos días su domicilio social y fiscal a Madrid, lo que supondrá que las arcas regionales dejarán de ingresar unos 70 millones de euros anuales, según ha informado durante el acto oficial de apertura del curso universitario celebrado este viernes en su campus de Los Jerónimos.

En declaraciones a los medios de comunicación y visiblemente enfadado, el presidente de la institución, José Luis Mendoza, ha señalado que la decisión viene motivada por la multa de “varios millones de euros” que le obliga a pagar la Agencia Tributaria por las donaciones que ha hecho la entidad en los últimos cuatro años, que según la autoridad fiscal, deben computar como gasto, no como donaciones.

En su opinión, se les está sometiendo a un “castigo” que le obliga a trasladar su sede a Madrid, donde abrirá un instituto pontificio.

Mendoza se ha referido también al resultado de las pasadas elecciones generales, y ha asegurado que le “asusta el nuevo Gobierno” de coalición planteado por PSOE y Podemos, que en su opinión, puede acarrear “la ruina de España”.

Especialmente le preocupan, ha dicho, las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que aseguró este jueves que "el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución”.

Por ello, ha esperado que “no prospere” el acuerdo de Gobierno, y ha considerado que el PSOE ha “engañado” a sus votantes al pactar con un partido “anti sistema y anti católico”.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, también se ha referido a las palabras de Celaá y ha lamentado su “ataque deliberado” e “injustificado” hacia la libertad de educación, y ha insistido en su compromiso con ese derecho.

El PP, ha señalado, mantiene sus valores “intactos” de moderación, libertad y autonomía del individuo frente al Estado.

Mendoza ha destacado la buena relación personal que mantiene con López Miras, que estudió derecho en la UCAM, y le ha pedido ayuda para “superar las dificultades” de la entidad y para superar sus problemas y para seguir impulsando su crecimiento, pues este curso muchos alumnos quedaron fuera por falta de espacios.

En este curso, han aumentado tanto los alumnos (más de 22.000) como los títulos oficiales de postgrado, y un 60 por ciento de sus alumnos son de fuera de la región, casi 5.000 de ellos, extranjeros.

Por su parte, la rectora de la UCAM, Josefina García, ha exigido también al presidente regional “tender lazos de entendimiento”, “ayuda y apoyo”, puesto que la institución docente católica hace una importante contribución al PIB regional y es parte de su desarrollo.

Por eso, le ha solicitado que haga una gestión “coherente” y para “reanudar el diálogo sin intermediarios, de institución a institución”, para encontrar soluciones a sus problemas.

“No nos gusta el conflicto, pero lo han convertido en nuestro compañero de viaje”, ha lamentado, y ha arremetido contra los medios de comunicación por la “presión” que han ejercido con “la difusión de noticias alejadas de la verdad que han producido un daño enorme” a la universidad católica.

Entre ellas, ha destacado las dudas generadas sobre el título de Medicina, cuya acreditación ha sido renovada, como el resto de las que poseía la UCAM, y un 96 por ciento de sus titulados han aprobado el examen del MIR, el porcentaje más alto de todas las universidades de España.

También ha lamentado las “desigualdades” que, en su opinión, la administración mantiene entre su centro y las dos universidades públicas regionales.

Por ello, ha insistido en la necesidad del apoyo y colaboración institucional “para hacer este proyecto más sólido y seguir creciendo”, algo que está “en el marco de lo posible”, por lo que la “voluntad” es fundamental para ese crecimiento.

La lección inaugural de este vigésimo tercer curso de la UCAM, estaba prevista que corriera a cargo del cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, que finalmente no ha podido asistir por sufrir una enfermedad y ha sido sustituido por Lucio Adrián Ruiz, secretario general del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.