MURCIA. España debe incrementar los salarios. Sin embargo, la precipitada subida del SMI, sin atender al resto de variables, está teniendo un impacto negativo en los sectores menos productivos.
Las reformas en materia laboral realizadas por el Partido Socialista provocaron un fuerte incremento en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22%. Un incremento que, tras los resultados de la última EPA, han dejado un sabor agridulce hasta en el propio partido impulsor de dicha medida, cuestionando la capacidad de esta medida para garantizar unas mejores condiciones laborales en todos los sectores de la economía española. Sectores tan diversos como peculiares, pero a los que se les regula con políticas generalistas.
En política se atiende mucho al dicho de “generalizar es cosa de ignorantes”. El propio Partido Socialista ha hecho mucho hincapié en esto, cuando acusaba a los miembros de VOX de proponer una serie de medidas que no miraban por todos los colectivos, o tenían aspectos lesivos para determinados colectivos sociales. Sin embargo, a la hora de adoptar políticas, el Partido Socialista no tiene esto en cuenta, pues al igual que hizo con la regulación del registro horario, ejerció una política de incrementos en el SMI que no se ajustaba a todos los sectores de la economía nacional.
Una situación que estamos viendo ahora, pues pese a que muchos economistas nos postulamos en contra de la subida por los posibles riesgos en los que podría incurrir dicha medida para determinados colectivos, el PSOE ignoró por completo los análisis y estudios, implantando la medida y “garantizando” que nadie se vería afectado por la misma. Algo que, atendiendo a los datos que nos deja la EPA -pese a parecer un análisis un poco precoz-, nos permite visibilizar, como visibilizó el propio PSOE en su lectura, los efectos negativos de la subida del salario en el escenario vigente.
La economía, en estos momentos, se encuentra inmersa en una fase de desaceleración, la cual desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) califican como desaceleración sincronizada en todo el planeta. En el caso de España, los sectores están moderando sus crecimientos, al igual que lo hace la creación de empleo. Atendiendo a los indicadores, la economía española sigue presentando una vulnerabilidad y unas incertidumbres que, no solo han provocado un menor dinamismo en los crecimientos, sino que han derivado hasta en la propia caída del beneficio de las empresas y la creación de empleo.
De acuerdo con los datos, el aumento de los salarios ha repercutido de forma directa en un mayor aumento de los costes laborales. Un aumento que están teniendo que afrontar los empresarios -la economía real-, pese a no obtener mayor rendimiento al cierre del año. Un aumento de los costes laborales derivado de una productividad que se encuentra estancada, la cual, al observar la peculiaridad de la economía española, podemos visualizar cómo para incrementar los niveles, en estos momentos, estamos teniendo que acometer medidas como aumentar la contratación, pudiendo, solo así, incrementar la productividad en estos momentos.
Debemos tener en cuenta la importancia de esta variable, a la que fuentes socialistas están ignorando. Para hacernos una idea, la productividad en España se encuentra estancada; al encontrarse estancada, las empresas españolas no están produciendo a a mayor ritmo, por lo que, como decíamos, los nuevos métodos que se están llevando a cabo son, entre otros, aumentar la plantilla en la empresa, pudiendo así producir más y a un mayor ritmo. Es decir, para aumentar la productividad, la empresa está recurriendo a incrementar sus gastos, por lo que la rentabilidad es cada vez menor.
Ahora bien, a esto debemos sumarle que la rentabilidad, los beneficios empresariales, están cayendo. Es decir, las empresas ganan menos que antes, en un escenario donde tienen que asumir más costes para poder producir lo mismo que en años anteriores. Pero para mayor inri, el Gobierno de Pedro Sánchez impuso la medida del SMI, incrementando los salarios un 22%, sin atender a un diagnóstico preciso y real de la situación de la economía española, o, al menos, de las empresas que integran el país.
Un incremento en los costes laborales que, ante la caída que vive la productividad, no se justifica con ningún otra variable. En otras palabras, las empresas están teniendo que afrontar un mayor gasto para producir y ganar menos que antes. Una situación que, bajo el análisis del PSOE no encaja, pero que atendiendo a la economía financiera parece un auténtico suicidio. No debemos confundir estas apreciaciones con estar en contra de la subida de los salarios. España debe incrementar los salarios, pero no podemos forzar esa subida si ello produce un efecto negativo en las empresas y en la economía.
Es un riesgo que no podemos asumir, al menos en el escenario que vive la economía en estos momentos. Sin embargo, el PSOE, ignorando estos riesgos, acometió dicha subida, produciendo, ahora, los efectos negativos a los que hacíamos mención. Unos efectos negativos que han derivado en una fuerte caída en la afiliación, así como un descenso de afiliados en aquellos sectores que, ya en su día, se consideraban los más vulnerables ante una subida del SMI, como pueden ser el sector doméstico, así como el sector agroalimentario -dada su baja productividad y la rentabilidad de su contratación-.
Sectores con los que esta subida se ha cebado, aunque ya se preveía. De acuerdo con los datos, el sector doméstico ha experimentado un descenso de más de 13.000 personas; mientras que el agroalimentario presentaba un descenso superior a las 4.000 personas. Personas que, en voz de miembros del propio Partido Socialista, se encontraban en estos momentos incluidos en la economía informal, ya que es imposible justificar dicho descenso de otra forma. Como decía, pese a ser un análisis precoz, hay indicios que capacitan el vislumbrar el riesgo negativo del que hablábamos.
El desempleo institucional, aunque es un término técnico y con el que poca gente está familiarizada, no es más que aquel empleo que, por cuestiones legales y barreras de entrada impuestas por el gobierno, deja de crearse en un país. Es decir, si una empresa posee un presupuesto para contratar a una persona que, bajo los ingresos previstos, considera de 800 euros, el límite legal impuesto por el gobierno impide que esa empresa pueda aumentar su plantilla, contratando a esa persona por 800 euros. El mínimo legal establecido impide que, tanto esa persona, como la empresa, puedan establecer una relación laboral, ya que no se establece dentro del mínimo legal establecido.
Este desempleo institucional es un gran problema. Un gran problema si atendemos a que España posee unos niveles de desempleo que, salvo en el caso de Grecia, nos sitúan a la cabeza de Europa, ya hablemos de términos juveniles o absolutos. España necesita crear empleo, pero no podemos crear empleo si atendemos a las trabas burocráticas y legales que impiden la creación de éste. Imponer un salario mínimo es lo mismo que imponer una productividad mínima, por lo que, aquellos empleos menos productivos, se encuentran fuera de la capacidad de contratación, impidiendo que los mismos sean rentables para las empresas.
Una productividad mínima que en muchos casos, con un mínimo establecido en los 900 euros, no se cumple; por lo que, ante la posibilidad de atentar contra el capital de la empresa por la falta de rentabilidad del empleado, este acude a las dos salidas posibles: el despido o la contratación informal. Ambas negativas para la economía, pero a las que no gusta atender, ya que acabaríamos con el discurso populista del que tanto se presume. Hablamos de subir los salarios, pero más importante aún debe ser el mantenimiento de los mismos. La situación es difícil y debemos llevar a cabo acciones para reforzar nuestra economía; sin embargo, esas acciones deben ir enfocadas al escenario real y no a aquel que, como diría Thomas Sowell, nos parece más utópico.
Francisco Coll Morales es economista, Regional CEO de HAC Business School y analista del servicio de estudios de Civismo
