MURCIA. La revisión del valor catastral de las viviendas que el Ministerio de Hacienda realizó hace un año y que se ha hecho efectiva en el cobro de los recibos este año, correspondiente al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2018, ha supuesto una merma de 12,4 millones de euros en los ingresos para las arcas del Ayuntamiento de Murcia. Y es que los ingresos para este ejercicio por ese concepto serán de 107,5 millones de euros cuando, en el pasado fueron de 119 millones, según explica a Murcia Plaza el concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva.
La actualización ha reducido el valor de más de la mitad de las viviendas de las pedanías de Murcia, que aún estaban valoradas con precio de los tiempos de la 'burbuja económica', con lo que el Ayuntamiento deja de percibir casi 9 millones de euros por el IBI en estas zonas, por el contrario en el centro de la ciudad de Murcia y en las zonas de expansión, como Juan Carlos I, ha aumentado ligeramente el impuesto.
Martínez-Oliva asegura que el Ayuntamiento podía compensar esta bajada con un aumento de los tipos impositivos (la parte del impuesto que está en manos de los ayuntamientos) y "se ha decidido no hacerlo para no perjudicar a los propietarios".
El edil destaca que "los recibos han bajado en algunos casos hasta 300 euros" en el IBI que se ha abonado este año. Mientras, para el año que bien el impuesto no tendrá incrementos y "sólo se aplicará un 1,2% por la subida del IPC, lo que supondrá un aumento de unos 8 euros de media", explica Martínez-Oliva.
El edil destaca que el Ayuntamiento ha dejado de recaudar cerca de 80 millones por el IBI en cuatro años. Y es que "desde 2015 no hemos subido el IBI y no se ha aplicado el IPC".
Martínez-Oliva consiguió sacar adelante los presupuestos municipales para este año en el Pleno de septiembre. Las cuentas del Ayuntamiento contemplan un gasto total por habitante de 948 euros, mientras que el del pasado ejercicio era de 936. "El endeudamiento por habitante se reduce de 360 a 352 euros", aseguran fuentes municipales.
Martínez-Oliva recalcaba hace unas semanas que "tenemos una Ley de Haciendas Locales que data del año 1988, aunque su texto refundido sea del 2004, que se ha quedado absolutamente desfasada y desbordada ante la realidad que presentan hoy día los municipios. El sistema impositivo local que nos plantea esta Ley se ha quedado caduco y trasnochado, en algunos casos sus tributos además de injustos están puestos en cuestión desde su propia legalidad, tal como el Impuesto de Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana que tiene firmada su sentencia de muerte".
"Es preciso se modifiquen y adapten a la realidad actual y a las nuevas formas y modos de vida, se mantienen figuras tributarias que no tienen virtualidad actualmente. A la vez es necesario que se creen nuevas fuentes de financiación de los Ayuntamientos, que sin incidir directamente en el bolsillo de los ciudadanos, contribuyan a financiar los servicios que los mismos reciben", remarcaba el concejal.
