MURCIA. Seis meses después de su aprobación, la reforma del reglamento de extranjería entró al fin en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 20 de noviembre. La nueva normativa nace con el fin de agilizar procesos y simplificar trámites, pero sobre todo servirá para facilitar la regularización de personas inmigrantes. La finalidad es atraer trabajadores extranjeros y aflorar la economía sumergida.
Desde la asociación UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) celebran la noticia porque permite adaptar la normativa "a la realidad migratoria actual y a las necesidades del mercado laboral español e introduce importantes novedades que refuerzan los derechos de los trabajadores migrantes a través de tres ejes fundamentales: trabajo, formación y familia".
El colectivo recuerda el peso de los autónomos foráneos, con 10.285 afiliados en la Región, que suponen aproximadamente el 10% de los 104.270 trabajadores por cuenta propia que operan en tierras murcianas (según el último dato de la afiliación del mes de noviembre). No obstante, UPTA estima que en el próximo lustro "será necesaria la incorporación de 4.114 autónomos extranjeros más al RETA dada a las dificultades que atraviesa el colectivo en la actualidad".
El nuevo reglamento permite durante un año la regularización de aquellas personas que se quedan sin un permiso para residir y trabajar en nuestro país. También reduce a dos años el tiempo de permanencia necesario para que se pueda alcanzar los permisos de residencia y laborales. Según las cuentas del Ejecutivo central, la reforma permitirá la legalización de 300.000 personas por año durante los próximos tres años.
Otra de las novedades es la creación de la figura de "arraigo de segunda oportunidad" para regularizar a aquellos que no renovaron su residencia en los últimos dos años. Igualmente se amplía el visado de búsqueda de empleo a un año, "lo que da más más tiempo a los inmigrantes, incluidos los autónomos, para encontrar empleo o desarrollar proyectos", explican desde UPTA.
Según Eduardo Abad, presidente de UPTA, "España necesita con urgencia la entrada regularizada de personas que emprendan actividades económicas, ya que, en los próximos 5 años, 600.000 autónomos abandonarán sus negocios debido a la jubilación y la falta de relevo generacional, principalmente en los sectores de servicios, comercio y hostelería". El dirigente de UPTA remarca asimismo que el colectivo inmigrante "es fundamental para evitar que la economía española retroceda, permitiendo mantener el estado de bienestar y continuar impulsando las actividades económicas".