MURCIA (EFE). Radiografía de los refugiados de Ucrania acogidos por la Región de Murcia. Ese fue el tema que abordó la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, en su intervención en la Asamblea Regional. La consejera ha advertido de la posibilidad de que la llegada de "un mínimo" de 16.000 ucranianos acabe “colapsando” los servicios de atención al refugiado, que en la actualidad cuentan con 1.500 plazas para acogimiento en la Región de Murcia.
Esta cifra de 16.000 refugiados dada por Franco es una estimación basada en los 8.000 ucranianos que viven en la comunidad murciana desde antes del inicio de la invasión rusa, convirtiendo a la Región de Murcia en la autonomía con mayor número de ucranianos en proporción a la población total.
La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia, a petición propia, en el pleno de control al Gobierno, celebrado en la Asamblea Regional, para informar sobre el procedimiento de desplazados de Ucrania a la Región de Murcia.
En la actualidad, hay 350 personas en primera acogida, aunque las entidades que se encargan de la atención a los refugiados han recibido 1.600 solicitudes de información. También hay más de 500 niños escolarizados y 23 menores no acompañados que están siendo acogidos, con autorización de sus madres, por familiares o por personas no relacionadas con sus familias.
Franco ha explicado que, desde hace 15 días, su departamento trabaja en la elaboración de un plan de contingencia complementario a las actuaciones de las organizaciones internacionales de acogida, que pretende ir más allá de las competencias autonómicas de coordinación sobre refugiados, con el fin de dar respuesta a las "necesidades reales" a las que se enfrentan los desplazados.
En este sentido, la vicepresidenta ha avanzado que este plan, que tiene que ser autorizado por el Gobierno central, contará con un presupuesto inicial de 5 millones de euros hasta el 31 de diciembre, que puede ser ampliado, al tiempo que ha emplazado al ejecutivo español a cofinanciar esta iniciativa.
El plan de contingencia prevé destinar 3 millones de euros a acceso de bienes de primera necesidad, tanto para refugiados en acogida de emergencia, familiar, con entidades colaboradores o con conocidos.
También dotará con un millón de euros a los servicios sociales de los ayuntamientos, para que puedan reforzase ante la “avalancha” de peticiones que están recibiendo.
Otras actuaciones previstas en esta herramienta son los refuerzos de los equipos evaluación y valoración de la consejería de Política Social para agilizar las 600 peticiones de familias que se han ofrecido para acoger a menores no acompañados, que tendrán que rubricar un documento comprometiéndose a no adoptar.
La comunidad también abordará la necesidad de prestar atención psicológica, asesoramiento jurídico y traductores para el Servicio de Mediación.
Franco ha demandado también al Gobierno central "indicaciones más precisas" y "transparencia en las ayudas", y ha anunciado la puesta en marcha de un Registro Único de Información que permita un seguimiento efectivo de las personas con protección internacional y de los recursos habitaciones disponibles, que, en el caso de la Región de Murcia, son la residencia El Peñasco (Mazarrón) y el albergue de El Valle (Murcia).
Desde la oposición, el diputado socialista Juan Pedro López se ha preguntado si 1.200 millones de euros "no es una cifra relevante" para atender esta situación extraordinaria por parte del Gobierno de España, al tiempo que ha acusado al ejecutivo regional de caer "en la bipolaridad política".
Por su parte, el parlamentario de Podemos Rafael Esteban ha mostrado su “condena más firme” a la invasión de Ucrania y, al igual que todos los grupos, ha mostrado su apoyo al Gobierno regional en las medidas que adopte para la atención de desplazados, aunque ha pedido “el mismo entusiasmo” para acoger a refugiados de otros países en conflicto de África y Oriente Medio.
Mientras, el diputado de Cs Juan José Molina ha reprochado a Franco no tener “ni palabra, ni firma, por lo que todo lo que dice es un acto de fe”, mientras que Juan José Liarte, portavoz parlamentario del grupo Vox, expulsado de esta formación, ha mostrado su preocupación por los menores no acompañados “que no han entrado al país violando la Ley” y para quienes pidió garantías en cuanto a su protección.
Al respecto, su homólogo de Cs y expulsado de este partido, Francisco Álvarez, ha alertado del elevado riesgo de explotación y abuso de los niños ucranianos desplazados sin protección parental, así como de las mujeres, debido a las mafias de tráfico de personas, y destacó las escolarización y atención sanitaria en 24 horas a todos los refugiados que llegan a la Región de Murcia.
Finalmente, desde la bancada del PP Miriam Guardiola ha recalcado la “ola de solidaridad” de los murcianos con el pueblo de Ucrania, y ha acusado al Gobierno central de cometer cuatro errores: dar “bandazos y ser inconsistente”, intentar disculpar su “incapacidad económica” culpando al presidente ruso, Vladimir Putin, de la inflación, una baja inversión en Defensa y la falta de un Plan Nacional “para no abandonar" a las autonomías en la atención a los refugiados.