MURCIA. El Plan de Estabilización en 1959 supuso la apertura de España al exterior. Se inició una etapa de alto crecimiento, al pasar de un PIB por habitante del 59,10% de la media europea en paridad de poder de compra en 1960 al 79,90% en 1975. La crisis del petróleo, aunque se inició en 1973, hacía patentes sus efectos en España a partir de 1975. La economía española entraba en recesión, hasta caer la renta por habitante al 71,60% en 1985. El 1 de enero de 1986 España entraba a formar parte de la Comunidad Económica Europea y se iniciaba una nueva etapa de desarrollo hasta la crisis 1991-1993.
España volvía a crecer por encima de la media europea UE-27 y en 2007 se situaba en el 106.00% en PIB por habitante en paridad de poder de compra. A partir de este año en que se hacia efectiva la crisis mundial que afectó a la economía española con mayor profundidad que a la media europea y en 2018 el PIB por habitante en paridad de poder de compra había caído al 91.00% de la UE-27.
El crecimiento económico ha conllevado la distinta evolución poblacional según comunidades. Mientras una España incrementaba de manera importante su población, en la otra era patente la despoblación; principalmente en las áreas rurales, así como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura…. Y se llegó incluso al abandono de algunas de estas poblaciones. El cuadro 1, recoge su evolución por comunidades entre 1960 y 2020.
Según el INE, la población española pasaba de 30.582.936 habitantes en el año 1960 a 33.956.047 en 1970 y a 35.516.340 en 1975. Entre 1960 y 1975 el crecimiento de la población española fue del 16,13%. La población siguió creciendo y en 1980 se alcanzan los 37.746.886 habitantes y en 1985, cuando España firma el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, su población es de 38.531.195 ciudadanos.
En el año 1990 la población española es de 39.887.140 habitantes; en el 2000 contabiliza 40.499.791 habitantes. Entre el año 2000 y el 2008 se produce un fuerte incremento de la población por la llegada de inmigrantes y esta se sitúa en 46.063.511 habitantes, ante el importante crecimiento de la economía española en este periodo. La crisis internacional que se inició después en 2007 en EEUU conllevó una profunda recesión económica y el incremento del paro. En consecuencia, una parte de los inmigrantes abandonaba España. Es a partir de 2015 cuando la economía comienza a recuperarse, cuando la población vuelve a crecer y el 1 de enero de 2020 se sitúa en 47.431.256 habitantes.
El total de municipios de España al primero de enero de 2020 es de 8.131. De todos de ellos, 5.005 cuentan con 1.000 o menos habitantes; 2.367 tienen entre 1.001 y 10.000 habitantes; 610 reúnen entre 10.001 y 50.000 habitantes; 86 municipios suman entre 50.001 y 100.000 habitantes y 63 municipios tienen más de 100.000 habitantes, muchos de los pequeños municipios tienen una tasa, incluso, inferior a las 12 personas por km2.
Las comunidades que han ganado peso poblacional en el total nacional entre los años 1960 y 2020 han sido las siguientes: Madrid, que ha ganado 5,77 puntos y ha pasado del 8,52% al 14,29%; Cataluña, que ha ganado 3,55 puntos y ha pasado del 12,84% al 16,39%; la Comunidad Valenciana, que ha ganado 2,54 puntos y ha pasado del 8,11% al 10,65%; Canarias, que ha ganado 1,49 puntos y ha pasado del 3,09% del total nacional al 4,58%; Baleares, que ha ganado 1,08 puntos y pasado del 1,45% al 2,48%; la Región de Murcia, que ha ganado 0,56 puntos y ha pasado del 2,62% al 3,18%; el País Vasco, que ha ganado 0,19 puntos y ha pasado del 4,48% al 4,67% y Navarra, que ha ganado 0,19 puntos y pasado del 1,31% al 1,39% del total nacional.
Las comunidades que han perdido peso poblacional en el total nacional entre los años 1960 y 2020 han sido: Castilla y León, que ha perdido 4,27 puntos y ha pasado del 9,31% del total nacional de población al 5,04%; Galicia, que ha perdido 2,83 puntos y ha pasado del 8,52% al 5,69%; Extremadura, que ha perdido 2,27 puntos y ha pasado del 4,51% al 2,24%; Castilla-La Mancha, que ha perdido 2,15 puntos y ha pasado del 6,46% al 4,31%; Andalucía que ha perdido 1,45 puntos y ha pasado del 19,28% al 17,83%; Asturias que ha perdido 1,09 puntos y ha pasado del 3,23% al 2,14%; Aragón que ha perdido 0,71 puntos y ha pasado del 3,61% al 2,80%; Cantabria, que ha perdido 0,19 puntos y pasado del 1,41% al 1,22%, y La Rioja, que ha perdido 0,08 puntos y pasado del 0,75% al 0,67% del total de la población española.
El cuadro 2 recoge el total de extranjeros que había en España a 1 de enero del año 2001 y a 1 de enero de 2020. El primero de enero del año 2001, la población extranjera empadronada en España era de 1.879.601 personas. A 1 de enero de 2005, como consecuencia del crecimiento económico el total de extranjeros, era de 3.760.610. Al 1 de enero de 2008 se situaba en 5.220.577 y al 1 de enero de 2010 se había incrementado hasta los 5.747.734 extranjeros inscritos en el padrón municipal.
Los efectos de la crisis se hacen notar en la población extranjera, y entre los años 2010 y 2015 se reduce en más de un millón de personas, situándose en 4.718.864. Con la recuperación de la economía vuelve a incrementarse el total de extranjeros y al primero de enero de 2020 hay empadronados 5.243.198 personas, el 11,40% del total de la población española.
Las comunidades que tienen un porcentaje de población extranjera superior a la media nacional son: Baleares con el 18,80% de su población, Cataluña con el 16,20%, Melilla con el 15,30%, Comunidad Valenciana con el 14,80%, Región de Murcia con el 14,70%, Madrid con el 14,10%, Canarias con el 13,40%, La Rioja con el 12,50% y Aragón con el 12,20%. Están por debajo de la media nacional: Navarra 10,70%, Andalucía con el 8,30%, el País Vasco con el 8,10%, Ceuta con el 6,70%, Cantabria con el 6,10%, Castilla-La Mancha con el 5,90%, Asturias con el 4,40%, Galicia con el 4,10% y Extremadura con el 3,20%,
Es absolutamente necesario que las Administraciones públicas pongan los medios y lleven a cabo las actuaciones precisas para evitar la despoblación de las zonas rurales y revertir esta situación, impulsando medidas económicas y sociales, a la vez que apoyando decididamente proyectos de desarrollo comunitario y empresarial, con la mayor prioridad posible y aprovechando los recursos de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia, como una oportunidad para cambiar esta situación.