MADRID. Una de tantas frases atribuidas a Julio César reza: “La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”. Algo que difícilmente podrá decirse a la vista de que siete de los diecinueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hayan suscrito un voto particular conjunto contrario al parecer de los doce restantes, que concedieron el plácet a la ex ministra socialista Dolores Delgado para que se convierta en la próxima Fiscal General del Estado. En este voto, los primeros subrayan que la candidata de Pedro Sánchez carece de la imparcialidad que corresponde a la responsabilidad de la dirección del Ministerio Fiscal. Esta falta de imparcialidad (a su juicio manifiesta) es fruto de su previa posición como ministra de Justicia, a lo que se une también su pertenencia al PSOE, y su connivencia, como ponen de relieve los infames audios por todos conocidos, con lo más deplorable de las cloacas del Estado. Tanto es así que no hace tanto desde que el ahora vicepresidente Iglesias reclamase su abandono de la política. Finalmente, el CGPJ ha omitido en su decisión pronunciarse sobre cuestiones que no fueran puramente objetivas; esto es, acerca de la idoneidad de la candidata, pues es más que probable que en tal caso hubieran sacado a relucir más discrepancias.
Este es el enésimo, y más reciente, ejemplo de la voluntad explícita del nuevo gobierno de coalición de socavar la legitimidad y funcionamiento de las instituciones del Estado, pervertidas para su utilización (y consecuente mancillamiento) por parte de intereses partidistas. Por otra parte, es de justicia señalar que la tentación de este uso espurio de las murallas que protegen el Estado de derecho es compartida por todo aquél que alcanza el poder, indiferentemente de su color político. No obstante, el Ejecutivo de Sánchez se caracteriza, eminentemente, por su radical pragmatismo. Pragmatismo no para velar por los intereses de España, sino para asegurar su alojamiento en La Moncloa todo el tiempo posible. Sólo así se explica que haya pactado con todos aquellos que desean romper España y liquidar la igualdad entre españoles. Sólo así cobra sentido que los ministerios entregados a Unidas Podemos hayan sido cuidadosamente rodeados por otros cuyas carteras ostentan los socialistas, a modo de protección del propio Ejecutivo, tanto de cara a los españoles como (y quizá, especialmente) de cara a los hombres de negro de Bruselas, que exigirán el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Volviendo al caso de la señora Delgado, como señalaba al inicio, “no basta que se haga Justicia, sino que es necesario que se vea que se hace Justicia”. A este proverbio inglés se refirió el sector del CGPJ y los fiscales contrarios al nombramiento de la socialista, haciendo hincapié en la absoluta necesidad de que la ciudadanía confíe en la existencia de tribunales independientes y la separación de poderes. Pues bien, muy a nuestro pesar la nueva Fiscal General del Estado estará revestida de un manto de imparcialidad, pues así lo refleja su cargo, de la que pocos quedarán convencidos. ¡Ave, César!
Juan Ángel Soto es director de la Fundación Civismo