El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en una foto de archivo. Foto: A. PÉREZ MECA/EPMURCIA (EP). El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada.
"Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular", ha dicho García Ortiz en el discurso que ha pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS) con motivo de la apertura del año judicial que se celebra este jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI.
Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha hecho estas declaraciones en el contexto del 'caso Begoña Gómez', iniciado a raíz de una denuncia de Manos Limpias en ejercicio de la acción popular.
El jefe del Ministerio Público ha indicado que "la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".
Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él".
"Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha sostenido.
Además, ha alertado de que "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo", debido al "riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales".
En este sentido, ha advertido de que "la mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", dado que "no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades", sino que "también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".
En concreto, se ha detenido en "la figura del juez de instrucción", para afirmar que, si bien fue "concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación", "no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico".
El fiscal general ha argumentado que "la jurisdicción penal tiene y debe tener su espacio", pero a renglón seguido ha apuntado que "la existencia y la razón de ser del resto de órdenes jurisdiccionales es lo que culmina la aplicación de la ley y la justicia en el imperio del Estado de Derecho".
Por ello, ha defendido que "es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito", puesto que --a su juicio-- "puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia".
García Ortiz ha subrayado que ese nuevo modelo, en el que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales, "ya existe" en España, al contar con él tanto en la jurisdicción de menores como en la Fiscalía Europea.
"Los peligros que acechan no solo a las personas como tales sino a la sociedad en su conjunto exigen un cambio completo de abordaje en nuestro proceso penal. No se trata solo de razones de ineficacia de un sistema obsoleto y perturbador, el riesgo es real y efectivo", ha añadido.
Por otro lado, ha reivindicado "el papel fundamental y el valor de la Fiscalía como balance y actor, este sí público y transparente, desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad, en la promoción de la acción de la justicia".
"Somos --y podemos ser aún más-- un potente instrumento de transformación sin otra pretensión que la de la aplicación estricta de la ley. Defendemos esa legalidad y a quienes se ven afectados por la transgresión de la norma, sea cual sea su condición, origen o ideología", ha aseverado.
Al hilo, ha recalcado que los fiscales tienen "el derecho y el deber" de expresar su "opinión jurídica", "conforme o discrepante con las de los instructores o juzgadores". "No solo es un criterio programático, es un ejercicio imprescindible de responsabilidad profesional. Un necesario contrapeso al ejercicio del Poder Judicial", ha enfatizado.
También ha ensalzado el rol de la Fiscalía como una institución "vertebradora del Estado, de la unidad de España plasmada en la aplicación igual de las leyes", "igual para todas y para todos, en cada uno de los territorios en los que se articula la plural realidad social de este país". "Igual también para todas las personas", ha incidido.
Con todo, ha querido trasladar al Rey que, "frente a determinados discursos que pretenden socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos o, en definitiva, nuestra propia convivencia", "el sistema resiste".
Ha querido además hacer hincapié en que para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos debe contar con información veraz a través de fuentes fiables y ha destacado la Memoria Anual de la Fiscalía, que ha presentado durante su discurso, como una de las mejores fuentes por "el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa".
La información veraz, ha resaltado, "fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia".
Asimismo, García Ortiz ha llamado a promover "la confianza institucional, la colaboración leal y no interesada, basada en el interés general y no en oportunismos pasajeros".
"Es esencial para el correcto desenvolvimiento de la convivencia, para fortalecer culturas cívicas y plurales, para el pleno respeto a los valores y principios democráticos, para el respeto de los derechos de los demás", ha señalado, para recalcar que el Estado de Derecho se asienta a través de esa colaboración.
Para García Ortiz, "no hay receta en Derecho que soporte unas instituciones que no contemplen como fin primero y último lograr un espacio de convivencia, de respeto de los derechos fundamentales y de desarrollo de los derechos sociales".
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