La mano derecha de Zaplana y los Cotino revelan el plan de amaño de las ITV a cambio de mordidas

MURCIA. La sesión del juicio del caso Erial celebrada este martes volvió a dejar una jornada para el recuerdo. Tres acusados considerados como parte del núcleo más cercano de colaboradores de Eduardo Zaplana revelaron ante el tribunal de la Audiencia de Valencia que enjuicia los hechos el plan para amañar el proceso de privatización de las ITV y el pago de mordidas a cambio de las adjudicaciones predeterminadas. 

Las confesiones fueron de los hermanos Cotino (Vicente y José, aunque con un mayor conocimiento y participación del primero) y del exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García. Su mano derecha entre 1995 y 2002, momento en el que pasó a ser ministro de Trabajo con José María Aznar. 

Los tres se sientan en el banquillo junto a otra decena de acusados como partícipes de una presunta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, ese desvío de dinero se cuantifica en 20,6 millones de euros.

Los testimonios de los Cotino y de Juan Francisco García responden a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que puede suponer una rebaja sustancial de las penas de prisión. Algo que también ha hecho Joaquín Barceló, el autodenominado testaferro del expresidente de la Generalitat y el cual lideró las confesiones la semana pasada. Cuatro declaraciones –a la espera de los testigos– que complican la estrategia judicial de Zaplana puesto que lo sitúan como conocedor y/o partícipe de lo ocurrido. 

Vicente Cotino reconoció este martes que es "correcto" todo aquello a lo que Anticorrupción apuntaba en su escrito de calificación. En él, explicaba que la documentación hallada que dio origen al caso Erial dibujaba los conciertos llevados a cabo por el grupo Sedesa (de los Cotino) para obtener las concesiones públicas de las ITV y de los parques eólicos en la Comunitat Valenciana como consecuencia de proceso de privatizaciones iniciado por Zaplana cuando era presidente de la Generalitat. En ellas se señalaban las empresas licitadoras, como así resultó en la práctica, e indicaban el importe que tenían que abonarse a los licitadores para la obtención de las concesiones en virtud de un acuerdo con el dirigente del PP. 

El exjefe del Consell, sostuvo la Fiscalía, trasladó las indicaciones pertinentes para la debida adjudicación concertada. De este modo, los dos concursos públicos licitados se diseñaron estableciendo las condiciones subjetivas para que las sociedades constituidas obtuvieran las licitaciones deseadas debido a que contaban con la información administrativa de las condiciones y con los requisitos favorables a su concesión en perjuicio del resto de posibles competidores.

Tanto Vicente Cotino como Juan Francisco García otorgaron un papel protagonista en toda esta operación al exdirector general de la Policía Juan Cotino. El primero relató que su tío (fallecido en 2020) le transmitió la adjudicación preestablecida de las ITV a cambio del soborno. Debido a ese acuerdo, el también exconseller llevó 640.000 euros en efectivo a Luxemburgo, tal como figura en la causa. El objetivo era constituir la sociedad Imison Internacional, la empresa matriz de toda la red según los investigadores. De ello se encargó en 2001, señaló, Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa. "Cuando le pregunté (a Juan Cotino) para quién era ese dinero, me respondió que continuase yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado", añadió.

Una vez hecha esa operación, prosiguió, su tío le indicó que hablara con Juan Francisco García (entonces jefe de Gabinete de Zaplana): "Él me comentó que había que transferir el dinero a dos sociedades. Una, Imison, se iba a poner a nombre de Joaquín Barceló; otra, Fenix, a su propio nombre. Todo eso se lo indicamos verbalmente a García Paesa". 

Esas transmisiones, detalló, se realizaron en 2005 después de una gran operación que les reportó grandes beneficios a los Cotino: con posterioridad a la adjudicación de las ITV a una empresa dependiente de Sedesa, Valenciana de Revisiones, ésta se vendió. En la causa figura que se hizo por 37,4 millones de euros. 

Vicente Cotino explicó que una vez vendida la citada firma que gestionaba las ITV y obtenidas las plusvalías, se realizaron en 2005 las transmisiones a las sociedades en el extranjero. "El precio pactado fue el 30 % de esas plusvalías", detalló.

Versión similar ofreció Juan Francisco García. Él fue presidente de la comisión de la racionalización del sector público de la Generalitat en la cual se impulsaron los procesos de privatización de las ITV y presidente de la mesa de contratación para ese expediente –nombrado por el pleno del Consell a propuesta de Zaplana–. Desde ambos cargos tuvo un conocimiento directo de estos procesos. 

Así, indicó que la concesión de las ITV se adjudicó de manera predeterminada a una firma dependiente de Sedesa, perteneciente a la familia Cotino. "Juan Cotino me transmitió el especial interés de presentarse y ser adjudicatario. Me lo trasladó en enero de 1997. Posteriormente, yo mantuve una serie de reuniones con el director financiero de Sedesa en las que fuimos revisando las posibilidades que tenían los pliegos del concurso para que estuvieran en una situación de ventaja", relató. 

De este modo, encauzaron el borrador del proceso de adjudicación con una serie de puntos que beneficiaran a Sedesa. "Cuando Cotino me comunicó su interés fue en presencia de Zaplana y lo volví a comentar con él en pocas ocasiones. Lo hablé (con este último) cuando se resolvió el concurso", remarcó. Ahora bien, hizo hincapié en que el concurso estaba perfectamente reglado por los órganos de la administración y que éstos cumplieron con la legalidad. No les dijo nada a los miembros de la mesa de contratación.

Una vez se resolvió la adjudicación para la firma de Sedesa, García afirmó que Juan Cotino le trasladó que que iban a tener una participación del 30%. En aquel momento todavía no existía el entramado societario para el desvío de las comisiones que aparece en el caso Erial. "De 1997 a 2004 no hubo apenas conversaciones. Ya a finales de 2004, cuando Sedesa vendió Valenciana de Revisiones (la adjudicataria de las ITV), Vicente Cotino, con quien pasé a tener la interlocución, me comunicó que por indicación de su tío los fondos correspondientes al 30% de las plusvalías obtenidas en la operación se iban a vehiculizar a través de Imison, a nombre de Joaquín Barceló, y Fenix, a mi nombre, como últimos beneficiarios". Es decir, que el 30% de las plusvalías por la venta de la adjudicataria irían a las comisiones por la concesión previamente amañada. ¿Y por qué a las sociedades a nombre de Barceló y de García? "Alguien le diría a Cotino que debíamos ser beneficiarios", especuló García.

Igualmente, relató que tras la operación de Sedesa se sacaron los fondos a Luxemburgo. Allí se desplazaron Vicente Cotino, Joaquín Barceló y él, según afirmó (y sostienen los tres). Aun así, evitó afirmar que Zaplana estaba liderándolo todo por detrás y se ciñó a asegurar que era puesto al corriente y tenía conocimiento. "No hablé de todo ello con Zaplana. No hablaba de que los fondos fuesen suyos. Sí le expliqué luego lo que habíamos hecho y cómo", apuntó. "Estoy absolutamente arrepentido de determinadas actuaciones que he llevado a cabo. Reconocer los hechos sirve para reparar el daño", incidió a preguntas del fiscal.

Ni los Cotino ni Juan Francisco García concretaron en sus declaraciones las cantidades de las mordidas y del dinero desviado. Pero los investigadores de Erial concluyeron que a cambio de la adjudicación, Sedesa habría transferido un total de 6,4 millones de euros en comisiones ilícitas a Imison, además de unos 2,2 millones a Fenix Investments (ambas radicadas en Luxemburgo). Dinero proveniente directamente del "pelotazo" con la venta de Valenciana de Revisiones.

Con estas declaraciones, y junto a la de Barceló, la Fiscalía ha conseguido amarrar en el juicio unos testimonios reveladores de la primera fase del supuesto entramado: el amaño de las adjudicaciones, las mordidas y el desvío de esas comisiones fuera de España. Quedan por delante muchas jornadas de juicio en las que resultará clave lo que digan los testigos sobre la segunda y la tercera fase de la supuesta trama: todos los movimientos de dinero en el extranjero a través de una compleja estructura societaria en diversos países y el posterior retorno de las cantidades a España para inversiones y beneficio personal de Zaplana y su núcleo cercano.

A partir del depósito del dinero en Luxemburgo, Barceló, los Cotino y Juan Francisco García se desentendieron de los movimientos que tuvieron lugar posteriormente. Todos alegaron falta de capacidad decisoria, operativa y desconocimiento de lo que ocurrió. Tendrá que ser el abogado uruguayo Fernando Belhot –testigo clave de Fiscalía en este procedimiento– quien lo detalle en su declaración. 

El que fuera jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat manifestó que su intervención en la gestión de Fenix era mínima. "Los fondos estaban en Luxemburgo y yo tenía que firmar todos los años el acta de la junta general de accionistas que me facilitaban los despachos. No hubo ningún movimiento financiero hasta que se disolvió para regularizar la situación fiscal  establecida por el Gobierno de España", apuntó. "Nunca tuve conocimiento de que esos fondos tenían origen ilícito. Los traje a España acogiéndome a la regularización fiscal", aseguró.  

Además, quiso desmentir una parte de la declaración de Barceló en la que ofreció una versión de Zaplana del manejo del dinero. Barceló afirmó que llevó a Luxemburgo 2,5 millones de euros que el exministro le dijo que provenían de una operación realizada por Juan Francisco García. Sin embargo, este último matizó que es "absolutamente falso" que él le regalara a Zaplana esos 2,5 millones de euros. Una manera de reseñar que en realidad el exministro estaba al tanto de la existencia de esos fondos. 

Este martes también fue interrogada la exsecretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, quien en general defendió que ayudaba en algunos temas a Barceló por su amistad con Zaplana, "igual que a otras personas". También afirmó que los 50.000 euros que le intervinieron del exministro en su despacho eran para gastos y la compra de artículos o pruebas médicas. Y sobre las presuntas retiradas en efectivo de la cuenta del expresidente de la Generalitat, manifestió que en ocasiones eran cheques al portador.

Por su parte, otro de los acusados y propietario de una gasolinera, Francisco Pérez López, apodado Paco 'El Gasofa', desmintió que abonara un crucero que disfrutó Zaplana junto a otros amigos: "Yo hice la gestión y ordené la transferencia del pago, de 23.000 euros, pero luego me los devolvió Zaplana en dos transferencias", afirmó, negando así lo que confesó en instrucción.

También explicó que adquirió junto con Zaplana y otras personas una embarcación porque le "convencieron". "La usé varias veces, tres o cuatro, pero cada vez que llegaba al Puerto el barco estaba hecho un asco", dijo. Sobre su utilización, señaló que los dueños "no se ponían de acuerdo" para establecer un calendario de disfrute.

En la sesión declaró asimismo José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja, quien se desvinculó de cualquier amaño en la adjudicación del plan eólico. "No conocía de nada a las empresa preseleccionadas. No sabía ni quién se había presentado ni quién había sido seleccionado. Me lo dieron todo hecho. Venía predeterminado desde 2002", expuso.

Olivas, que ya fue condenado por falsedad y delito fiscal por un pago de medio millón de euros recibido por Sedesa por la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. –accionariada por Endesa (55 %), Sedesa (25 %) y Bancaja (20 %)– a Endesa, sostuvo que ese pago fue por su intermediación en la venta, no por el supuesto amaño de los planes eólicos valencianos. 

El último en declarar fue Carlos Gutiérrez Mondedeu, presuntamente vinculado al blanqueo de mordidas, algo que rechazó. Afirmó, del mismo modo, que sus empresas familiares no fueron adjudicatarias "nunca" de la Administración valenciana y que Zaplana nunca le dio dinero en efectivo.