MURCIA (EP). El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolución de las Cortes y el adelantamiento de una nueva convocatoria de elecciones generales conllevará en el sector cultural que no se pongan en marcha las leyes del Cine y de Mecenazgo, que ya habían comenzado su tramitación parlamentaria.
El caso de la Ley del Cine es el más significativo, puesto que era una medida muy esperada por el sector, especialmente tras la aprobación de la Ley Audiovisual que suscitó las críticas de los productores independientes al entender que se le daba más poder a las productoras de las cadenas.
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros remitía a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El texto ha estado en un largo plazo de enmiendas para los grupos parlamentarios, que precisamente la semana pasada volvía a ampliarse.
A mediados de marzo, el pleno del Congreso rechazaba una enmienda de totalidad de Vox al proyecto de Ley del Cine y comenzaba su andadura así en las Cortes. En esa ocasión, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, defendía la ley del cine porque entendía "necesario" actualizar una norma de 2007 que, a su juicio, no está siendo capaz de atender a las peticiones del sector.
"Este Gobierno no confundirá nunca valor y precio. Por eso, la ley apoya las grandes producciones, pero también hace posible la existencia de otro audiovisual más arriesgado. ¿Alguien se imagina un museo público que sólo exhibiera a los artistas exitosos?. Hay quien parece no entender que el acto creativo siempre es una apuesta arriesgada y la misión del Ministerio es hacer posible la cultura en toda su riqueza", aseguraba entonces el ministro.
El resto de grupos parlamentarios -salvo el propio Vox- también coincidía en calificar a la ley del Cine como "necesaria" para el sector, aunque echando en falta algunas "mejoras". Asimismo, muchos de los agentes del sector levantaron la voz las semanas previas para comunicar sus reclamaciones, tras semanas de incertidumbre y alertas.
Los últimos en elevar públicamente sus peticiones fueron los representantes de la Federación de Cines de España (FECE), quienes trasladaron tanto al Ministerio de Cultura y Deporte como a los diferentes grupos parlamentarios sus reivindicaciones a la nueva ley, entre las que incluían la eliminación de la cuota de pantalla o el aumento de la 'ventana de exhibición' a 100 días.
El otro frente abierto que se generó para Cultura con la tramitada Ley Audiovisual es el de las productoras independientes. El departamento de Iceta ya dio a conocer cuando se dio luz verde a la Ley del Cine que se iba a destinar "mayoritariamente" las ayudas a estas productoras, en contraprestación por la otra ley.
En este sentido, Cultura aseguraba que el proyecto de Ley mantiene la definición de productora independiente "reclamada por el sector" e hizo hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará "mayoritariamente" a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual.
De forma general, la Ley del Cine subraya la necesidad de ayudas públicas "capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual". En el título de la ley se ha incorporado el concepto de 'cultura audiovisual' junto al de 'cine', al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales.
También, como novedad, la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje "significativo" de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series. Además, se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.
Por otro lado, la comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso aprobó con competencia legislativa plena a finales de abril el informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de Ley de modificación de la Ley de mecenazgo, con el respaldo de todas las formaciones salvo Vox, que se abstuvo.
De esta manera, el texto quedaba a la espera de otra reválida en el Senado antes de su entrada en vigor. La Ley de Mecenazgo incorpora la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración con las ONG, permite una contraprestación de un máximo de 25.000 euros, e incrementa los porcentajes de deducción, modificando la norma que estaba en vigor desde hace 21 años.
El texto incluía además una enmienda socialista, a la que se opuso Podemos, para equiparar fiscalmente a las confesiones de notorio arraigo en España con las que tienen acuerdos con el Gobierno, por lo que quedarían también exentas del pago del IBI en los edificios destinados al culto y del impuesto de Sociedades.
La norma también estimulaba el micromecenazgo y se incrementaban los porcentajes de deducción. En lo que se refiere a las personas físicas, se elevaba en 100 euros, pasando de 150 a 250 euros, la base sobre la que se podía deducir el 80% de la donación en el IRPF. En el caso de las personas jurídicas, las deducciones en el Impuesto de Sociedades pasan del 35 al 40%.
Otra de las medidas que se queda fuera de plazo para aprobarse en esta legislatura es la del anteproyecto de Ley que regula y "equipara" a la Fundación del Teatro Real con otras "grandes instituciones" españolas, como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía o la Biblioteca Nacional de España (BNE), para mejorar la gestión del coliseo madrileño.
Según señaló recientemente la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la norma, que iba a ser remitida al Congreso de los Diputados, había salido adelante en segunda vuelta y "apenas" ha sufrido modificaciones.
"Se regulan las peculiaridades propias del Teatro Real: la promoción, impulso y difusión de las artes líricas, musicales y coreográficas", destacó. La Ley se dividía en seis capítulos que regulan las "particularidades" del Teatro Real, desde la naturaleza, el régimen jurídico, los objetivos o la sede de la Fundación del Real; hasta su organización, el régimen de personal, patrimonial, de contratación, presupuestario y económico-financiero.