Consejeros y diputados conversan antes de la segunda jornada del debate del estado de la Región. Foto: ASAMBLEA REGIONALMURCIA (F. F. / EFE). El curso legislativo 2021-22 está a un paso de bajar el telón con la celebración de su último pleno, que tendrá lugar este martes (y no miércoles, como suele ser habitual) en la Asamblea Regional. A la vuelta de las vacaciones (es decir, para finales de agosto) comenzará el último curso de la legislatura, que estará marcado por la carrera electoral. "Septiembre amenaza con venir calentito", aventuraba Juan José Liarte, el portavoz del grupo parlamentario Vox. No en vano en mayo tendrán lugar las elecciones autonómicas y municipales, lo que significará que en abril se disolverá la Cámara autonómica.
Tres asuntos se abordarán desde las 9.30 horas de este martes en el Parlamento, todos ellos ordenados este lunes por unanimidad por la Junta de Portavoces tras ser habilitados por la Diputación Permanente (el órgano que rige la Asamblea en julio, un periodo extraordinario de sesiones).
Se trata de la convalidación de la prórroga de las medidas en el sector primario contra la guerra de Ucrania, la tramitación de la ley que regula las horas extraordinarias del personal del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (que será mediante lectura única) y la toma en consideración de la proposición de ley para el cambio de la Ley de Costas.
El próximo curso será "un desafío", comentaba el propio Liarte durante las ruedas de prensa de los portavoz parlamentario. El diputado cree que la proximidad de las urnas complica los acuerdos sobre asuntos que no son partidistas. "Redoblaremos el esfuerzo y lo demás dependerá de los otros partidos, que sí que tienen que preparar elecciones", destacó Liarte.
Nadie oculta el cariz "preelectoral" que tendrá el próximo "y peculiar" curso parlamentario, como así lo calificaba el portavoz de la bancada de los ex de Ciudadanos (el autodenominado grupo liberal), Francisco Álvarez, quien recalcó que buscarán sacar adelante medidas como Ley de Familia.
Desde el PP, por su parte, Joaquín Segado confía en que logre la máxima unidad para cambiar la Ley de Costas. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional. Tal y como explicó en otra ocasión, los populares quieren modificar esta ley y dar seguridad jurídica a los propietarios de estas viviendas afectadas, que forman parte de núcleos históricos en las costas de la Región, ya que los derribos "afectarían a las casas de las zonas de Los Nietos, Puntas del Calnegre, Nares en Mazarrón y Playa del Levante en Cabo de Palos". En palabras de Segado, es una petición "alejada de cualquier interés político, que solo busca el bien común, sobre todo de estas 400 familias que temen perder su casa.
Preguntado por los planes del próximo curso, el portavoz del PP considera que hay que centrarse "en solucionar los problemas de los ciudadanos" y señala que su grupo no va a abandonar los "grandes e irrenunciables retos" como la defensa del trasvase Tajo-Segura y el "modelo justo de financiación", entre otros asuntos.
Precisamente sobre financiación habló el viceportavoz socialista, Alfonso Martínez Baños. El PSOE esgrime que es "mentira" que el 80% de la deuda autonómica proceda de la infrafinanciación, tal y como sostiene un informe elaborado por Bnfix Pitch y publicado este lunes. El documento coincide con las tesis que defiende el Gobierno regional sobre el origen de la alta deuda regional (que bate récord trimestre tras trimestre y cuya cifra sobrepasaba ya los 10.000 millones de euros).
Martínez Baños aduce que el Consejo Económico y Social "por dos veces" niega este extremo y añade también que la Comisión de Expertos encargada por el expresidente español Mariano Rajoy en 2017 cifró en "como mucho un 30 % la parte de la deuda regional que se debe al sistema de financiación autonómica".
El diputado del PSOE pide al consejero de Hacienda y Economía, Luis Alberto Marín, que "deje de manipular encargando con el dinero público informes a la carta" y asuma que el incremento de deuda, que previsiblemente terminará el año rondando los 12.000 millones, se debe "a la mala gestión de los recursos públicos, al despilfarro por la corrupción y a un sistema productivo ineficiente"
¿Y cómo cree Baños que será el próximo curso? Su visión es pesimista. "Este Parlamento está secuestrado, bajo mínimos, y no responde a lo que votó la ciudadanía en mayo de 2019" debido al acuerdo del PP con "tránsfugas y expulsados de sus partidos", respondió al tiempo que apostillaba que hay "43 peticiones de comparecencias de consejeros que no se han ordenado".
