El jefe de la Comunidad, Fernando López Miras, saluda al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM), Miguel Pasqual del Riquelme.), en el acto de apertura del año judicial, este viernes en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Foto: Marcial Guillén (EFE)MURCIA (EFE). Tirón de orejas de la Justicia a los políticos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Miguel Pasqual del Riquelme, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, han coincidido este viernes en criticar la actuación de los partidos políticos al presentar denuncias o querellas sin base alguna y que solo pretenden, en ocasiones, ser utilizadas contras sus rivales.
Las críticas han sido vertidas durante sus intervenciones en el acto de apertura del año judicial, que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Murcia y en el que Pasqual del Riquelme ha comentado que quienes así actúan hacen “un uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y, a veces, espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial”.
El máximo representante la Justicia en la Comunidad ha añadido que en ocasiones las formaciones políticas, las asociaciones creadas a su sombra y despachos profesionales, junto con particulares que parecen asumir la defensa del interés público, presentan denuncias o querellas “meramente propagandísticas y cuya vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes en la puerta del juzgado”. Ha recalcado igualmente que otras veces se acude a la personación en actuaciones penales “instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha política”.
El presidente del TSJRM se ha referido también a la falta de medios humanos y materiales que padece la administración de Justicia en esta comunidad autónoma, que se encuentra entre las peor dotadas de España. Entre las cifras que ha facilitado durante su intervención se encuentran las referidas a las actuaciones seguidas en los dos juzgados que se ocupan de las demandas contra bancos por las cláusulas suelo, que en los últimos cuatro años han llegado a la cifra de 18.000.
También se ha referido a la situación en que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la no renovación de sus integrantes y por las limitaciones que tiene impuestas para efectuar nombramientos, que, ha dicho, generan desafección y desconfianza en los ciudadanos y conllevan consecuencias negativas en la operativa diaria de los tribunales. Esa situación anómala supone, en lo que a la Región de Murcia se refiere, que los cargos de presidente del TSJRM y de la Audiencia Provincial no hayan sido renovados, pese a que sus mandatos finalizaron hace meses.
Por su parte, el fiscal superior, Díaz Manzanera, ha lamentado igualmente el uso “torticero” en la presentación de acciones penales por las formaciones políticas, ya que en ocasiones las denuncias son archivadas nada más ser abiertas las diligencias correspondientes ante la falta de base de las mismas. También se ha referido a la situación del Mar Menor, al comentar que se trata “del más grave problema medioambiental que sufre la Región de Murcia”, para añadir que esta época debiera pasar a la historia como aquella en que se resolvió el problema de la laguna. Y ha añadido que “el medio ambiente es un bien fundamental colectivo y social, superior a otros, incluido el económico”.
Durante la ceremonia se ha procedido a la entrega de la Cruz y Medallas de San Raimundo de Peñafort a varios funcionarios de Justicia por su jubilación, y de distintos reconocimientos, entre ellos, el concedido a Longinos Marín y María Dolores Abellán, dirigentes de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia (UMU). También se han concedido sendos reconocimientos a la fundación Mariano Ruiz-Funes y al magistrado Manuel Luna, entre otros.
El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo; el delegado del Gobierno, José Vélez, y el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, junto con el vocal del CGPJ Juan Martínez Moya.
