MURCIA. En menos de un mes se sabrá si el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel (1995-2014) se sentará o no en el banquillo de los acusados en el llamado 'Caso Desaladora II', también denominado como 'La Sal II'. Es el tiempo que tienen la Fiscalía y las partes de la acusación para formular un escrito de acusación y solicitar la apertura del juicio oral. Si se confirma su procesamiento, se convertiría en el segundo jefe del Gobierno regional que se sienta en la silla de los acusados, justo cuando se está celebrando el juicio contra Pedro Antonio Sánchez, el hombre que eligió precisamente Valcárcel para sucederle en el Palacio de San Esteban y que se enfrenta a penas de dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada en el 'Caso Auditorio'.
El cerco judicial se estrecha sobre Valcárcel en una causa que estuvo a punto de quedar archivada para él, pues en enero de 2021 el Juzgado de Instrucción Número 1 de Murcia dio carpetazo a las diligencias previas al considerar que "no existen indicios suficientes de que el expresidente de la Comunidad fuera conocedor o partícipe en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la compra de la infraestructura". Sin embargo, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso de apelación y en marzo de este año logró que la Audiencia Provincial revocara el auto de sobreseimiento. La Audiencia, en su auto, justificaba el revocamiento por falta de la motivación suficiente y por no explicar bien las razones del archivo. Y añadía que sí se daban indicios suficientes de que el exmandatario estaba al corriente del proyecto de la Desaladora de Escombreras. "Es lógico", esgrimía, dado que era la máxima autoridad de la Región de Murcia. Y los delitos, aducía, se pueden cometer por comisión... o también por omisión.
El Juzgado continúa el criterio de la Audiencia
Ahora, el mismo juzgado que archivó la causa contra Valcárcel recoge el criterio de la Audiencia Provincial de Murcia y decide que continúe el proceso contra él y le apunta tres presuntos delitos en la causa sobre la Desaladora: prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. No obstante, la resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y/o apelación. Este caso, que tiene su origen en la instrucción llevada a cabo por el Juzgado Número 5 de Murcia, supone las segundas diligencias abiertas contra Valcárcel, quien hoy día está retirado de la política (tras dejar el Ejecutivo murciano fue europarlamentario entre 2014 y 2019), aunque es el presidente de honor del PP regional.
La jueza Ana Isabel Navarro, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, señala que procede continuar con las diligencias previas porque considera que "existen datos objetivos que pudieran avalar que el investigado conocía y sabía lo que iba sucediendo con la Desaladora y de sus incidencias más graves". En el auto, consultado por Murcia Plaza, añade que Valcárcel "pudiera tener responsabilidades significativas en los hechos derivados de su propio papel preponderante en la dirección política y administrativa de la Comunidad en relación al proyecto de la Desaladora de Escombreras, tanto por acción como por omisión".
Los seis datos objetivos que aprecia la jueza
La magistrada, de hecho, desarrolla seis argumentos para sostener la existencia de datos objetivos: primero, por las propias funciones de su cargo que lo colocan en una posición de garante, ya que ejerció el puesto de presidente de la Comunidad Autónoma entre 1995 y el 3 de abril de 2014, un periodo en que el tuvo lugar el Proyecto de la Desaladora (entre el 2005 y finales del 2014).
Segundo, por el informe policial de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) del 29 de enero de 2019, que da a pie a recopilar una serie de "hitos fundamentales del proyecto" y "concatenados entre sí". Estos, además, "son de tal envergadura que es difícil que pudieran pasar desapercibidos para quien ejercía el cargo de presidente del Consejo de Gobierno".
Tercero, por "el conocimiento que se desprende de algunas explicaciones" del investigado dadas en su declaración judicial del 19 de enero de 2020. No en vano, tal y como ya advirtió la Audiencia Provincial, Valcárcel "aceptó un conocimiento significativo de lo sucedido con la desaladora a partir de momentos temporales muy concretos y ciertas consecuencias negativas para la CARM". El expresidente reconoce que "no controló si estaban todas las licencias y permisos", necesarios para el proyecto de la Desaladora.
Cuarto, por las declaraciones de otros investigados en la causa del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia. La jueza cita como ejemplo las palabras que pronunció el que fuera gerente del EPA, Amalio Garrido: "En la primera reunión del EPA, el consejero [de Agua y Agricultura] Antonio
Cerdá dijo que eso era un proyecto del presidente y que los contratos le venían dados". Otro gerente, Ferrer Cánovas, afirmó: "Asistió, nada más entrar en el EPA, junto con Antonio Cerdá a una reunión con el presidente Valcárcel; que el declarante habló respecto de la desaladora con la Vicepresidencia del Gobierno (2008) para la compra/renegociación del activo".
E incluso incluye las declaraciones del propio Antonio Cerdá, quien ubicó todo el proyecto en las decisiones que tomó el Consejo de Gobierno, con cuya autorización firmó los contratos de 17-2-2006 y los convenios con los Ayuntamientos. "De lo que se puede desprender que el investigado estaba al tanto de todo", apostilla la magistrada.
Quinto, por las palabras de los testigos. Y sexto, por la documentación oficial intervenida en los registros, entre la que se encuentran "dos correos electrónicos que pudieran ser acreditativos de que el investigado estuvo informado de una circunstancia muy relevante como fue la compra anticipada del 49% restante del capital social de la DESA".
Indicios de que fue impulsado por el presidente
Así pues, la jueza concluye que "existen indicios de que el proyecto de la Desaladora fue impulsado desde la Presidencia de la CARM por el investigado que ordenó la adquisición". La titular del Juzgado remata la instrucción de las diligencias y abre la fase de preparación del juicio oral al entender "de modo indiciario" que la actuación de Valcárcel "podría considerase activa al realizar actos dirigidos a favorecer un proyecto que parece conculcar directamente la Ley de Aguas, llevado a cabo sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria".
El auto también detalla "la cronología real de todos los contratos celebrados en torno al Proyecto de la Desaladora de Escombreras y la presunta connivencia de la parte pública y privada". Cabe recordar que hubo un concierto entre la Comunidad Autónoma por medio de la Consejería de Agricultura y Agua y las empresas privadas Hydromanagement S.L. y grupo empresarial ACS, investigados todos ellos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.