MURCIA. La Región cerró el pasado año con el incremento en los concursos de acreedores más grande de toda España. Si en 2021 las empresas murcianas parecían capaces de esquivar parcialmente la sangría que estaba asolando toda España, durante el 2022 se invirtió la tendencia hasta el punto en el que se duplicó la cantidad de firmas que entraron en suspensión de pagos. Por su parte, este 2023 mostraba intenciones de mantener esta tendencia ascendente hasta que la huelga de letrados ha marcado el freno de estos procedimientos.
Y es que en febrero de este año los concursos se han producido un total de 11 concursos en la Región, lo que supone un descenso del 35% respecto a los 17 que tuvieron lugar en el mismo mes del 2022. Cabe destacar que en el conjunto de España esta caída fue de casi el 50%, según los datos de Informa D&B.
En cualquier caso, lo destacado resulta el abrupto contraste con las cifras de enero del 2023, cuando se iniciaron 16 de estos procedimientos frente a los 7 del año anterior. De esta forma, como consecuencia de la paralización en los juzgados, la Región ha pasado en tan solo un mes de un incremento del 130% a una reducción de más del 30%.
En el acumulado de los dos primeros meses del año han dado comienzo 27 concursos de acreedores en la Comunidad murciana, un 12,5% más que los 24 que se sucedieron en el mismo periodo del 2022. Como viene siendo habitual, la Región muestra unos resultados muy superiores a los del resto de España, que experimentó una caída cercana al 10%. Asimismo, se iniciaron 4 planes de reestructuración en las empresas murcianas en el 2023.
Durante todo el año 2022 la Región de Murcia registró 185 concursos de acreedores, lo que supone una diferencia del 107,9% respecto al año anterior, cuando se produjeron 89. Por sectores, el comercio fue el que más afectado de la Región con 59 de estos procesos en el año 2022, a lo que le siguen la industria y la construcción, que cuentan con 27 y 25 respectivamente.
Esta tendencia ascendente ya comenzó a notarse en el comienzo del ejercicio, aunque no fue hasta el segundo trimestre que se desencadenó la tormenta perfecta con el fin de la moratoria, la devolución de los ICO y el delicado estado de la economía regional, lo que acabó provocando este incremento.
Por su parte, las disoluciones sí han continuado aumentando con 178 en este comienzo de año -97 en enero y 81 en febrero-, lo que equivale a un aumento del 8,5% frente a las 164 que echaron el cierre en el ejercicio anterior. No obstante, en este caso la tendencia sí se encuentra en consonancia con la media nacional, que también está situada en el 8%.
