manifestación ante la Ciudad de la Justicia
La huelga de la Justicia sigue en punto muerto: crece la tensión entre abogados y funcionarios en Murcia
Fotos: MARCIAL GUILLÉN (EFE).
28/06/2023 -
MURCIA (EFE). Los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales de Murcia han leído este miércoles un manifiesto en la Ciudad de la Justicia de la capital murciana para exigir una resolución de la huelga de los funcionarios de esa administración y que se reanuden sus servicios, a lo que los empleados públicos han respondido con una concentración en el mismo lugar para recordarles que es el Gobierno español el que no se quiere sentar a negociar.
En declaraciones a EFE, la funcionaria y sindicalista de Comisiones Obreras María Josefa Espí ha criticado que el decano de los abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, dijera la semana pasada que había "una falta de sensibilidad de los funcionarios hacia los ciudadanos" y les atribuyera la misma responsabilidad que al Ministerio de Justicia, cuando este último "se niega a negociar".
Ha pedido perdón a la ciudadanía por los perjuicios que pueda causar la huelga indefinida que comenzó el 17 de mayo para un colectivo de 1.500 funcionarios en la comunidad murciana y recordado que lo que están pidiendo no es solo una subida salarial, sino también que se le reconozcan labores profesionales que realizan pese a no ser de su competencia.
En este sentido, la representante de la Central Sindical Independiente de Funcionarios de Murcia, Arantza Bilbao, ha esgrimido que lo que le molesta a los jueces, letrados y abogados es que los huelguistas hayan levantado la alfombra y sacado a la luz disfunciones de la justicia española que en algunos casos podrían considerarse delictivas.
En cuanto a la notificación de la suspensión de los juicios a los concernidos con al menos 24 horas de antelación, otra de las peticiones de los abogados murcianos, Bilbao ha informado de que los funcionarios ya pidieron cuando empezó la huelga tanto al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como al juez decano que lo hicieran.
Por su parte, los 200 abogados, procuradores y graduados sociales que han secundado la protesta vestidos con togas, han reclamado que se reanuden cuanto antes los servicios "porque se está incumpliendo un deber constitucional como el derecho a la tutela judicial efectiva", ha señalado Martínez-Escribano, quien también ha exigido "un pacto de Estado de justicia para que independientemente del partido que gobierne se preserve su legítimo y correcto funcionamiento".
A su juicio, la postura del ministerio "es impresentable, porque no hace nada para que la tutela efectiva se cumpla" en una comunidad en la que puede haber más de 150.000 casos afectados de ámbitos como el laboral, del que ha puesto como ejemplo el de un despido colectivo de 12 o 13 trabajadores que llevan sin cobrar su sueldo 5 meses y están a la espera de que se resuelva el caso para poder recibirlo
La decana de los procuradores de Murcia, María Dolores Cuartero, ha apostillado que en la jurisdicción civil se está generando "un grave retraso" en los pagos de pensiones alimenticias y de manutención que afecta a muchas familias, mientras que su homólogo de graduados sociales, Alfonso Hernández, ha avisado de que casos que antes se solucionaban en 6 meses ahora se están retrasando hasta 4 años.
Demandas de los abogados
- Gobernanza incluyente: Creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de Justicia (a nivel estatal, autonómico, provincial y por partidos judiciales), asegurando la participación efectiva de los profesionales que intervenimos en ella, así como de la ciudadanía.
- Recursos materiales y personales: Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos.
- Racionalización organizativa: Racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia, revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que, implantando tribunales de instancia, supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el aprovechamiento de los recursos, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
- Ejecución de resoluciones: Mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para su ejecución.
- Expediente electrónico: Implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso, posibilitando trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad y pleno respeto a sus derechos fundamentales.
- Acceso universal: Revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la justicia para que la asistencia jurídica gratuita garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados a los que se garantice una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, y manteniendo la proximidad territorial, y tendiendo a la especialización por áreas y servicios.
- Conciliación de la vida personal y profesional: Posibilidad de la conciliación de la vida personal y familiar de todos los profesionales que intervenimos en el servicio público de justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.
- Regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el Ministerio Fiscal: Aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, así como de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento para adaptarse a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno.
- Solución adecuada de diferencias: Impulso decidido y eficaz de mecanismos adecuados de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
- Recursos y procedimientos: Revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía; así como revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, simplificación y antiformalismo, reconsiderando asimismo el criterio de condena en costas, para que el principio del vencimiento no limite el acceso a la tutela judicial efectiva, tendiendo a que se imponga a quien litiga con mala fe o temeridad.