Solicita la misma pena para el ex director general autonómico del Agua Andrés Martínez Francés
MURCIA (Efe). La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exconsejera de Agricultura y Agua del gobierno murciano Adela Martínez-Cachá, a la que atribuye la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa por la construcción de una tubería en el espacio protegido de El Carmolí sin haber tramitado previamente la declaración de impacto ambiental.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, solicita la misma pena para un segundo imputado, Andrés Martínez Francés, que fue director general del Agua. Señala el ministerio público que esa tubería tenía por objeto evitar los vertidos a la laguna del Mar Menor al derivar las aguas procedentes de la Rambla de El Albujón hacia la desalobradora de la comunidad de regantes Arco Sur Mar Menor, en Cabo de Palos y cuyo rechazo posterior sería vertido al Mediterráneo.
Y añade que el proyecto, que fue emprendido sin tramitar con anterioridad la declaración de impacto ambiental, no llegó a ver cumplido su objetivo al no entrar en funcionamiento debido a que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no autorizó a la citada comunidad de regantes el uso del agua que iba a circular por la tubería.
Además, el órgano de cuenca impuso a la Comunidad Autónoma una multa de 3.000 euros por carecer las obras de la preceptiva autorización, al ser ejecutadas en dominio público hidráulico.
Martínez-Cachá, que fue titular de Agricultura en los dos primeros años de la pasada legislatura (entre 2015 y 2017), bajo la Presidencia de Pedro Antonio Sánchez, impulsó esa obra de urgencia para evitar vertidos al Mar Menor de las desalobradoras de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, una tubería que pretendía derivarlos desde la desembocadura de la rambla de El Albujón hasta la desalinizadora Arco Sur, en las proximidades del cabo de Palos, en Cartagena.
La sanción fue anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) con respecto a la empresa contratada para los trabajos, aunque se mantuvo la obligación impuesta a la administración de reponer el terreno afectado a su estado anterior.
Dice también el ministerio público que se decidió emprender las obras calificándolas de emergencia en un intento de sortear las consideraciones sobre evaluación de impacto ambiental que pudiera realizar el órgano competente y, además, ofrecer la imagen ante la ciudadanía de que se luchaba eficazmente contra el problema de los vertidos a la laguna salada.
La Audiencia Provincial de Murcia, en una diligencia de ordenación que acaba de ser notificada a las partes, designa al magistrado que actuará como ponente en este caso que se verá en audiencia pública en fecha aún por designar.
También procesan al ex director general autonómico del Agua Andrés Martínez Francés