La curva de la transparencia en los tiempos del Covid19, de la crisis a la oportunidad

La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo trajo consigo no solo el confinamiento de las personas, también de algunos de los derechos. Este es el caso del derecho de acceso a la información pública al verse afectado por la suspensión de los plazos administrativos contemplados en la Ley 19/2013. La transparencia, tanto activa como pasiva, máxime en tiempos de crisis, es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, para la contrastación de las noticias que aparecen a diario (como señala Miguel Ángel Blanes) y sobre todo para el necesario y exigible control de la acción de gobierno por parte de la ciudadanía.

Asistimos atónitos a batallas de cifras de fallecidos, de compras de material, de informes de comités, de centros de investigación, etc. Sin embargo, no podemos fiscalizar como sociedad la veracidad de esa información. Contemplamos a Tribunales Superiores de Justicia de varias comunidades, ordenar a los registros civiles que informen sobre el número de fallecidos. Observamos cómo desde el gobierno central se anuncia la compra de material, pero se niega a desvelar el nombre de los proveedores. Todo esto parece enmarcarse más dentro de un estado de sitio que de alarma. Durante este último, las libertades y derechos fundamentales de las personas no pueden verse afectadas más allá de, en este caso, las medidas tendentes por causa sanitaria a la contención de la pandemia. Todo lo que exceda esos límites puede llegar a considerarse una arbitrariedad e incluso, como apunta la Fundación Hay Derecho, una posible vulneración constitucional “pues los derechos reconocidos y protegidos por el artículo 20 de la Constitución, entre los que se encuentra la libertad de expresión y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, únicamente pueden ser suspendidos, según el artículo 55, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio”.

El Portal de Transparencia del Estado, tal y como alerta el Observatorio de la Contratación pública, no ofrece tampoco datos sobre las licitaciones que se están realizando durante el estado de alarma en base al procedimiento de urgencia (sujetos a las normas de publicidad del artículo 154 LCSP y que el artículo 120 de la mencionada ley no excluye del principio de transparencia).

El avance y la consolidación de la calidad democrática en nuestro país se vio claramente fortalecido por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que siguieron sendas leyes autonómicas, mejorables todas ellas pero que significaron un avance y una herramienta para la participación efectiva de la ciudadanía en el control de la acción de los gobiernos y su rendición de cuentas. Nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante un retroceso de esa conquista social “amparado” en la declaración del estado de alarma. Todas las instituciones del Estado, desde el gobierno central a las entidades locales han de ser conscientes que, a mayor transparencia, mayor concienciación, más información veraz y reforzamiento de la calidad democrática y de la confianza en las instituciones del Estado.

Escudarse en la excepcionalidad del estado de alarma y en las limitaciones del teletrabajo por parte de los servidores públicos no hace más que constatar otra de las flaquezas de nuestro sistema. En este caso de la Administración Electrónica, en cuya implantación se han cometido gravísimos errores pese a destinar grandes cantidades económicas a su implementación, que ha sido dispar en los distintos niveles administrativos y que además pone de manifiesto otra deficiencia sistémica que es la casi total ausencia de evaluación de políticas públicas, hecho que redunda en la falta de interés y de conciencia por parte de las administraciones públicas en la transparencia.

Pese a todo lo expuesto, hay aún margen para revertir la situación durante el tiempo que dure el estado de alarma y que sirva para sentar unas bases que refuercen la transparencia pública en nuestro país. Bases que deberían pilotar sobre los siguientes ejes:

1.- Publicidad o Transparencia Activa: reforzar la información pública de calidad ofrecida por las diferentes administraciones para luchar contra la desinformación o la intoxicación informativa. La censura no es el camino.

2.- Derecho de acceso a la información pública: ha de garantizarse la excepcionalidad de este derecho frente a otros procedimientos administrativos en momentos de crisis para poder obtener información y datos que puedan servir de instrumento de control a la gestión de los gobiernos.

3.- Open Data: junto con las dos anteriores, ha de ser la herramienta clave para que investigadores, divulgadores e incluso la ciudadanía en general, acceda a todos los datos en tiempo casi real en estos momentos para poder analizar la ingente cantidad de datos surgidos, para poder avanzar y proponer modelos de contención, de expansión o cualesquiera otros que afecten a la crisis sanitaria. Pero también son importantes los datos económicos para analizar y poder proponer soluciones de un futuro que se avecina incierto y difícil.

4.- Administración electrónica: la actual situación emergida del estado de alarma ha de servir para mejorar, avanzar y garantizar el acceso de la ciudadanía a la e-admon así como fomentar, concienciar y formar a los trabajadores las instituciones públicas en su uso.

5.- Contratación Pública: es necesario la actualización y transparencia en las licitaciones de emergencia que permitan evaluar y controlar la acción y la gestión de los gobiernos.

6.- Evaluación de políticas públicas: Una vez pasado el estado de alarma han de ponerse en marcha verdaderos mecanismos de evaluación de políticas públicas que permitan conocer el resultado de la gestión e implementación de las medidas adoptadas.

7.- Rendición de cuentas: El resultado de todos los puntos anteriores ha de verse reflejado en una rendición de cuentas efectiva que permita a la ciudadanía conocer y evaluar de forma crítica la acción y gestión de los gobiernos.

Estamos a tiempo de frenar la curva negativa de la transparencia en España que ha sido inversa a la de la expansión del Covid19. Exige esfuerzos y compromiso que redundarán en la calidad democrática de nuestro país.

Francisco Javier López Carbajal es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, experto en Gobierno Abierto