La CHS se encara con el Gobierno por el blindaje del acuífero Campo de Cartagena, que considera en riesgo químico

MURCIA. La Confederación Hidrográfica del Segura ha aprobado una declaración que se opone a la próxima Ley de Protección Integral del Mar Menor, consensuada por PP, PSOE y Ciudadanos.

En dicha declaración, la Junta de Gobierno de la CHS ha querido remarcar las medidas cautelares del acuífero del Campo de Cartagena ante el riesgo de no lograr el buen estado tanto cuantitativo como químico por el exceso de nitrato. El Gobierno Regional ha considerado preciso recurrir estas decisiones ante los tribunales.

En consideración del Consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, la declaración hace referencia a un cambio del espacio afectado, afectando más de 3.000 hectáreas y 11 pozos sin haber sido sometido a exposición pública.

La declaración de la CHS desemboca en que no podrán emplearse fertilizantes en la llamada zona 0 (a 1.500 metros del Mar Menor), donde la propia CHS ha detectado los mayores niveles de contaminación de nitratos en el acuífero, afectando a casi 1.200 hectáreas, que en su mayoría son zonas inundables.

Sin embargo, la CHS ha optado por rectificar en pro del perímetro primeramente previsto y votar la declaración de la masa de agua, aunque ha sido sin la participación de los representantes autonómicos y sin incluir a los regantes del Pilar de la Horadada, que, según entiende el Gobierno regional, es una cuestión que les incumbe por ser potenciales infiltradores en el acuífero.

Luengo ha remarcado que “no tiene potestad” de actuar contra la Asamblea Regional y la legislación prevista, ante lo cual Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, ha declarado que la CHS está llevando a cabo un proceso de invasión de competencias, correspondientes a la Comunidad Autónoma.

Mario Urrea, presidente de la CHS, ha incidido en que la futura ley incluye artículos “casi más lesivos” que la zona 0 sin la fertilización acordada, como puede ser, por ejemplo, la limitación de cultivos, pues perjudicarían a corto y largo plazo al sector agrícola.

Urrea ha solicitado que la próxima legislación incluya criterios y parámetros técnicos en su contenido, a pesar de que será la propia comunidad autónoma quien tenga la potestad de aplicar las iniciativas y cómo.