La carta de Sánchez y el lawfare 

Es evidente que esta columna no trataba originalmente del tema que les comento, pero me disculparán que no pueda hurtarme al reciente anuncio epistolar de Pedro Sánchez de que se toma unos días para reflexionar si se va o se queda.

Lo curioso del tema, déjenme que les diga, es que todo un presidente del Gobierno de un país democrático que, además de estar profundamente enamorado, nos manifiesta que tiene la máxima confianza en la Justicia y que todo es un montaje basado en una denuncia falsa, venga a criticar desabridamente a quien utilizando los resorte del Estado de Derecho, el mismo que Sánchez dirige desde el poder ejecutivo, ha ejercido la facultad, cuando no incluso el deber, de denunciar lo que considera un delito. Porque lo grave no es que alguien, con la intención que sea, denuncie lo que le parezca denunciable, sino que quien gobierna este país no sea capaz de asumir que todos, absolutamente todos, y fundamentalmente quienes tienen relación directa con lo público, deben dar explicaciones de todo aquello que se les pida y esté relacionado con su gestión.

"NI LOS POLÍTICOS NI SU FAMILIA O ALLEGADOS SON DISTINTOS DEL RESTO DE LA CIUDADANÍA EN TEMAS PENALES"

Es más: precisamente es el Estado de Derecho el que garantiza que, ante una denuncia, sea el denunciado quien, con todas las garantías y posibilidades de defensa, pueda aclarar aquello que se le imputa. Y que sea un juez quien finalmente decida si lo denunciado es cierto o no, a la vista de las pruebas que aporte quien denuncia. Y así, esté uno emparejado con quien lo esté, o se dedique a lo que se dedique, comisionista o presidente del Gobierno, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El problema, por tanto, no es que alguien haya denunciado a la mujer de Sánchez, como tampoco lo es que el afectado sea la pareja de Díaz Ayuso. La cuestión de verdad es que ni los políticos ni su familia o allegados son distintos del resto de la ciudadanía en temas penales. Y a ellos, como a todos, se les puede denunciar, habrá que probar lo que se denuncia, y si resulta que lo denunciado era manifiestamente falso e infundado, pues a afrontar las consecuencias del bumerán tocan.

Pero lo fundamental de este nuevo episodio de lawfare que ahora tanto va de boca en boca es que existe porque queremos que exista. Porque nos interesa que exista. Porque seguimos sin leer y sin asumir plenamente que el art. 24.2 de la Constitución establece que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, con lo que se acabaría la discusión. Porque no somos capaces de comprender que la denuncia contra el adversario político puede ser tan falsa como la que nos presentan a nosotros.

"Si Sánchez cree en la Justicia y en que las denuncias contra su mujer son falsas, ¿para qué necesita reflexionar sobre si merece la pena?"

Si de verdad Pedro Sánchez cree en la Justicia y en que las denuncias contra su mujer son falsas, la pregunta es evidente: ¿para qué necesita reflexionar sobre si merece la pena? Debiera bastar con su plena confianza en el sistema para que en breve plazo todo quedara aclarado dando las explicaciones oportunas ¿o no? Porque claro que merece la pena seguir en política, sirviendo a tus conciudadanos, creyendo en lo que haces, y confiando en que un juez va a archivar sin problemas una y mil denuncias que vengan que no tienen fundamento ni verdad.

Hace unos días comentaba con conocidos la noticia de que un juez había imputado (llamaba a declarar como investigados) a dos guardias civiles por la muerte de un presunto narcotraficante en un incidente con sus respectivas embarcaciones. Se indignaban de que se le preguntara a un agente de la autoridad sobre lo que había pasado. Y les decía yo que así es cómo funcionan el derecho y la justicia: se pregunta, se responde y se concluye. Y sin pruebas claras y determinantes no hay reproche alguno, porque la presunción de inocencia manda. Siempre. Pues esto de la mujer de Sánchez, como lo del novio de Díaz Ayuso o el acusado de matar a Manolete, es exactamente lo mismo: sin pruebas en un proceso, nada. Y si no hay sentencia que condene, menos aún.

Otra cosa es que queramos utilizar ya cualquier noticia como una sentencia condenatoria firme, sobre todo si se refiere a alguien que no nos cae bien. Y esto se viene haciendo en política desde el principio de los tiempos. Es más: el lawfare no lo inventó el de enfrente, sino el de al lado, en eso que hemos dado en llamar mover la silla. Luego, eso sí, se precisa que el de enfrente airee convenientemente el chisme como si no hubiera un mañana.

Claro que igual todo esto no es más que otra treta para reforzarse Sánchez en su trinchera frente a tanta fachosfera. Pero no lo duden: la culpa del espectáculo la tenemos quienes babeamos como espectadores, aun conscientes del bodrio tragicómico que todos representan.